La gran política es grisácea y descolorida: no es divertida y casi nunca un gran espectáculo. Pero Cataluña lleva semanas metida en una montaña rusa de emociones, agitación y giros inesperados del guion. El expresidente catalán Carles Puigdemont ha protagonizado hoy el último capítulo de ese crescendo y ha asegurado hoy en Bruselas que se ha trasladado a la capital europea “por seguridad” y que no volverá a Cataluña hasta que tenga “garantías”. Puigdemont, en fin, seguirá en Bruselas por un tiempo indefinido. No volverá hasta asegurarse “un juicio justo, independiente, con plena separación de poderes, como en la mayoría de los países europeos”. Ha descartado pedir asilo en Bélgica y ha explicado que trabajará mano a mano con los exconsejeros que siguen en Barcelona. Y ha reclamado tanto a su Gobierno como “a los funcionarios” y “al pueblo” que “luchen con imaginación contra el desmantelamiento de las instituciones que impone el Gobierno español, que ha reaccionado a la declaración de independencia con la máxima beligerancia».
Puigdemont no ha dado detalles de su estancia en Bruselas, que se prolongará por un tiempo indeterminado. Ni de quién paga esa factura. Pero sí ha dejado claro que uno de los motivos que alega para justificar su refugio en Bruselas, en una especie de Gobierno en el exilio, es la decisión el Ministerio del Interior de retirar la seguridad a los exmiembros de su Gobierno. El otro motivo es “la extrema agresividad”, la “violencia” institucional contra Cataluña, según su versión, con la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la querella presentada por el Fiscalía general del Estado. El expresident la ha calificado como “querella política”, que de prosperar de prosperar podría suponer hasta 500 años de cárcel para el expresidente y sus exconsejeros, más el pago de fianzas multimillonarias.
Los motivos del viaje a Bruselas se resumen en cuatro capítulos. Uno: “El grave déficit democrático que se da en el Estado español”, que según Puigdemont le obliga a reclamar a las instituciones europeas (que le han dado la espalda con claridad) “que proteja los valores de la UE”. Dos: la voluntad de llevar a la capital europea a una parte del Ejecutivo catalán —que Puigdemont considera aún legítimo— frente a la “querella política” de la fiscalía y con el pleno rechazo a “la violencia y la beligerancia” que muestra, a su juicio, Madrid. Tres: la necesidad de coordinar los trabajos para evitar que la aplicación del artículo 155 de la Constitución “desmonte las instituciones y el autogobierno” en Cataluña. Y cuatro: la preparación de las elecciones. Rajoy ha convertido el 21-D en un “plebiscito democrático”, según el exdirigente. “Yo voy a aceptar los resultados, pero ¿los va a aceptar el Gobierno español si no le son favorables?”, se ha preguntado, sugiriendo que el Ejecutivo de Mariano Rajoy debería validar la declaración unilateral de independencia si el resultado electoral da mayoría de votos independentistas.
La expectación en Bruselas era máxima. En una sala abarrotada y ante medios nacionales e internacionales, y con varias decenas de manifestantes fuera, Puigdemont ha protagonizado el último acto del procés asumiendo el papel de víctima. Su Gobierno, dice, tomó la decisión de instalarse en Bruselas por unanimidad la noche del viernes, “ante una serie de hechos contrastados que indican que el Gobierno español contempla una ofensiva contra los funcionarios y el Govern, que incluye una querella política y un problema político gigantesco que el Ejecutivo no quiere afrontar con diálogo político, sino con represión”. El expresident ha reiterado su condena de la “violencia” del 1-O. Ha acusado a Madrid de “amparar [los actos violentos] de la extrema derecha”. Ha explicado que no quería obligar a los funcionarios “a tomar partido”. Pero inmediatamente después ha instado a su Gobierno, a los sindicatos y a los funcionarios a “luchar” para impedir la aplicación del 155.
En un discurso en el que ha mezclado el catalán, el castellano, el inglés y el francés, ha indicado que el resto del Gobierno destituido, encabezado por el exvicepresidente, Oriol Junqueras, «seguirán en Cataluña como miembros legítimos del Gobierno de Cataluña». «Nunca hemos abandonado al gobierno. Es más, vamos a seguir trabajando», ha dicho. «La justicia española no persigue delitos, sino ideas. Y con mi presencia en Bruselas quiero dejar patente el grave déficit democrático que hay a día de hoy en el Estado español», ha atacado. La querella del fiscal general del Estado «no se sustenta jurídicamente», «persigue hechos e ideas políticas, no un delito» y «puede suponer 30 años a cada miembro del Govern o fianzas abusivas como ya hemos visto durante el proceso», ha remachado.
El expresidente ha insistido en que el Estado que ha convocado las elecciones le quiere «meter en la cárcel» por cumplir su programa electoral. Y ha desvinculado su traslado a Bélgica de una posible petición de asilo que abriría un cisma en el Ejecutivo belga. «Aquí hemos tenido una agenda estrictamente europea», explica. «No hemos tenido ningún otro tipo de contactos». A los cinco consejeros que se encontraban desde ayer lunes con Puigdemont en Bruselas —Joaquim Forn (PDeCAT), Meritxell Borràs (PDeCAT), Antoni Comín (independiente), Dolors Bassa (ERC) y Meritxell Serret (ERC)— se han unido el exconsejero de Cultura, Lluís Puig, y la de Educación, Clara Ponsatí.
Sin petición de asilo
Frente a ese discurso, Bélgica empieza a reaccionar a la inesperada visita del expresidente catalán, Carles Puigdemont. Y no precisamente a su favor: el viceprimer ministro belga, Kris Peeters, no ve con buenos ojos la visita del presidente catalán a Bruselas: «No quiero prejuzgar nada. Pero cuando uno declara la independencia, es mejor quedarse cerca de su pueblo», ha manifestado en la cadena belga Radio 1. «Tenemos que esperar su declaración y tener la cabeza fría. Las próximas horas y días aportarán luz», ha aseverado.
Puigdemont no pedirá en principio el estatuto de asilado, en parte porque según las fuentes consultadas le ha quedado claro que es poco probable que lo consiga. Además, eso podría provocar un incidente diplomático entre Bélgica y España, y en el fondo traspasa la crisis catalana a Bélgica, que ha amanecido con tensiones entre los partidos que forman la coalición de Gobierno. Los liberales francófonos de Charles Michel y los socialistas francófonos parecen cada vez más enfrentados con los nacionalistas flamencos de la N-VA, que desde hace semanas han mostrado sus simpatías por la causa soberanista e incluso abrieron la puerta, el pasado domingo, a una solicitud de asilo a través del secretario de Estado Theo Frankel. Michel ha asegurado esta tarde que Puigdemont no ha viajado a Bruselas «invitado por el Gobierno belga». «Será tratado como cualquier otro ciudadano», ha dicho, para después explicar que mantiene constantes contactos diplomáticos con Madrid.
El Ejecutivo español lleva semanas forcejeando con el Gobierno belga por las declaraciones de los ministros de la N-VA, y por las del propio Michel, que necesita a los nacionalistas flamencos para evitar una crisis de Gobierno. El ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis, ha asegurado que sería “sorprendente” que Bélgica diera asilo político a Puigdemont debido al “nivel de confianza recíproca” que hay entre los Estados miembros de la UE. Un informe del Gobierno al que ha tenido acceso este diario considera “improbable” que prospere la solicitud de asilo. Ese mismo informe deja meridianamente clara la postura española: “Si se le concediera el asilo se produciría una controversia importante entre los dos Estados [Bélgica y España], ya que sería tanto como poner en tela de juicio la consideración de España como Estado seguro y despreciar el esencial principio de confianza mutua entre los Estados miembros de la Unión”
Fuente: El País.
