Con el desplome de los precios del petróleo, fuente de 96% de divisas del país, el gobierno recortó drásticamente importaciones para pagar deuda, provocando severa escasez de alimentos y medicinas.
Ahogada por la crisis económica, Venezuela entró en default parcial tras el impago de 200 millones de dólares en sus bonos globales, según la calificación de la agencia Standard & Poors, lo que amenaza con desencadenar el incumplimiento de su abultada deuda externa.
La agencia S&P, que se convirtió en la primera en declarar el default parcial de Venezuela, indicó que actuó luego de que se cumplieran los 30 días de gracia otorgados para pagar el cupón de los bonos 2019 y 2024.
«Hemos bajado dos calificaciones a ‘D’ (default) y bajamos la calificación de la deuda soberana en moneda extranjera a largo plazo a ‘SD’ (default parcial)», indicó S&P en un comunicado.
La rebaja de la calificación ocurrió horas después de una reunión el lunes entre el gobierno de Nicolás Maduro y acreedores, a quienes no ofreció -como se esperaba- un plan concreto para renegociar la deuda soberana y de la petrolera PDVSA, de unos 150.000 millones de dólares en total.
Aunque los acreedores salieron decepcionados de la cita, que duró unos 25 minutos, el gobierno consideró que «inició con rotundo éxito el proceso de refinanciamiento de la deuda externa».
El vicepresidente Tareck El Aissami, principal negociador, prometió la creación de mesas técnicas para «evaluar propuestas» en próximas citas, sin precisar fechas, dijeron a AFP participantes.
El Aissami declaró a la televisión oficial que Venezuela está «blindada», pero acusó al gobierno de Donald Trump de «cerrar vías« al país con las sanciones financieras impuestas en agosto.
Maduro anunció el 2 de noviembre que su país buscaría «refinanciar y reestructurar» la deuda, debido a una «persecución financiera» comandada por Washington. «El default nunca llegará«, dijo el domingo.
Según el gobierno, acudieron a la cita inversionistas locales, de Estados Unidos, Panamá, Reino Unido, Chile, Portugal, Colombia, Argentina, Japón y Alemania; pero otras fuentes dijeron a AFP que varios extranjeros no asistieron pues Washington sancionó a El Aissami, prohibiendo a sus ciudadanos tratar con él.
«Las sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela y funcionarios del gobierno probablemente resulten en una larga y difícil negociación con los tenedores de bonos«, opinó S&P.
Default esperado
Un incumplimiento puede declararse por el gobierno, los grandes acreedores o las agencias calificadoras.
En Nueva York, la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA), que agrupa a tenedores de deuda, se reunió el lunes para determinar «si ha ocurrido un cese de pagos» de un bono de PDVSA, por 1.161 millones de dólares.
El gobierno asegura que transfirió esos recursos, pero los acreedores no los habían recibido. La evaluación de ISDA seguirá el martes y si es negativa desencadenaría el pago de los seguros CDS (Credit Default Swaps).
Caracas no ha aclarado si pagó otra cuota vencida el viernes, de 81 millones de intereses de un bono de PDVSA.
Con reservas internacionales de solo 9.700 millones de dólares, Venezuela debe pagar en lo que resta del año al menos 1.470 millones de dólares y para 2018 tiene obligaciones por más de 8.000 millones.
«Muy probablemente podríamos considerar cualquier reestructuración venezolana como un intercambio de deuda en apuros y equivalente al default dada la liquidez externa altamente restringida», indicó S&P.
Los analistas vaticinaban que llegaría el default, aunque divergían sobre el plazo.
China y Rusia, ¿el salvavidas?
Maduro anunció avances en renegociaciones con sus aliados China -al que se adeuda unos 28.000 millones- y Rusia, que esta semana firmará un acuerdo que reestructura 3.000 millones de los 8.000 millones que le debe Venezuela.
China y Rusia boicotearon junto con Bolivia y Egipto una reunión informal en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela, en la cual Estados Unidos calificó a Venezuela como «una amenaza».
Sumándose a las sanciones de Estados Unidos y Canadá, la Unión Europea adoptó el lunes medidas que impiden a empresas europeas entregar a Venezuela armas o equipos para «represión interna».
La UE creó también un marco jurídico de sanciones contra autoridades y entidades venezolanas acusadas de violar derechos humanos. Caracas calificó las medidas de «hostiles» y citó al cuerpo diplomático europeo para este martes.
Con el desplome de los precios del petróleo, fuente de 96% de divisas del país, el gobierno recortó drásticamente importaciones para pagar deuda, provocando severa escasez de alimentos y medicinas.
Según Eurasia Group, Maduro busca «liberar recursos» para importaciones de cara a las presidenciales de 2018; pero luego empeorará la crisis y Venezuela enfrentaría litigios y posibles embargos de activos de PDVSA, como CITGO, su filial en Estados Unidos
