El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, continúa bajo presión, pese a que revocó la reforma del sistema de pensiones que detonó una ola de violentas protestas, saqueos y choques con la policía que dejaron al menos 25 muertos.
El domingo, Ortega buscó aplacar la furia de las calles revocando los aumentos en las contribuciones obreras y patronales al fondo de pensiones que administra el Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS).
Esos incrementos fueron la chispa que encendió las protestas iniciadas el pasado miércoles por un grupo de estudiantes, que rápidamente se extendió a otros sectores de la sociedad. La reforma había sido una recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para rescatar la estabilidad del quebrado sistema de pensiones de Nicaragua.
«Las protestas ya no son solo por el INSS, es contra un gobierno que nos niega libertad de expresión, libertad de prensa y de manifestarnos pacíficamente», declaró Clifford Ramírez, un estudiante de Ciencias Políticas de 26 años que participó en el inicio de las marchas. «Creemos que ya no hay espacio para el diálogo», agregó Ramírez en una conversación telefónica.
Un guardia de seguridad camina por uno de los supermercados saqueados durante la jornada de protestas.
Las manifestaciones iniciadas por estudiantes recibieron apoyo de pobladores de barrios que salieron a sonar cacerolas, obreros y jubilados disconformes con la corrupción que ven en el gobierno y el deterioro en sus condiciones de vida.
