La pericia para manejar la inconformidad de la gente que era característica del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, parece haberse desvanecido de un día para otro, al igual que el respaldo ciudadano a su gobierno.
Esta semana, una ola de protestas que en principio buscaban solo alzar la voz de manera pacífica en contra de una reforma anunciada por el gobierno al sistema pensional cuajó en la mayor explosión social del país desde que se anunció el fin de la guerra civil en 1990.
Tan fuerte que algunos analistas temen que esté en juego la supervivencia de su régimen porque está teniendo que enfrentar un escenario inédito en el que los empresarios no están abiertamente de su lado, y que dependiendo de lo que suceda en la calle puede sembrar dudas entre los militares que lo apoyan. Ellos han sido por años sus principales bastiones.
Hasta el momento, 63 personas han muerto, más de 500 quedaron heridas y se desconoce el paradero de otras 48, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Todo se le atribuye a la fuerte represión que ejerció el gobierno de Ortega en aras de contener las manifestaciones, y que por supuesto terminó saliéndosele de las manos, al punto de que los mismos seguidores de su partido político, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), salieron a las calles para pedir la salida del mandatario que completa ya 11 años en el poder.
El gran error, y el que puede llegar a ser el punto de quiebre de Ortega, fue el haber dado tanto poder a su esposa y a las empresas, las que había combatido en sus años de rebelión.
«El gran error, y el que puede llegar a ser el punto de quiebre del presidente Ortega, fue el haber dado tanto poder a su esposa y a las empresas, las que había combatido en sus años de rebelión. Eso ha causado desconfianza entre el pueblo y ha nublado el crecimiento económico impulsado por él. No lo ven como uno de los suyos sino como un corrupto, represivo, violador de derechos humanos. Y lo quieren fuera”, dijo a EL TIEMPO Mariano Bartolomé, experto en seguridad regional en las Américas.
“Soy sandinista, pero no me gustan las injusticias (…) Me sentí molesto porque me iban a quitar un dinero con el cual uno puede comprar su libra de arroz, azúcar, es un dinero que le hace falta a uno”, dijo Gilberto Castillo, de 61 años y exguerrillero sandinista al enterarse de que el gobierno le iba a rebajar un 5 por ciento de su pensión como parte de la reforma al Seguro Social que anunció Ortega.
Castillo, como muchos otros, salió a las calles para expresar su inconformismo. Varias de las pancartas que se erigieron en las protestas tenían escrita la leyenda: “Que se rinda tu madre”. Esta frase, que también se vio en grafitis en las calles de Managua, hace alusión a un conocido dicho de la guerra civil nicaragüense de la que Ortega había sido clave y que en su momento se usó para decirle al gobierno del dictador Anastasio Somoza Debayle que la gente no se iba a dar por vencida y que estaba en pie la revolución.
“A Ortega le estamos dando de su propia medicina, y se lo merece. Él cambió, ya no es el presidente que se preocupa por Nicaragua (…) está dedicado a amasar poder junto con su esposa, Rosario Murillo, a quien además tiene como vicepresidenta. Ambos se apartaron de los ideales de la revolución y están reprimiendo al pueblo, el mismo que los llevó a donde están”, manifestó indignado a EL TIEMPO Carlos, estudiante de una reconocida universidad en Managua.
Al igual que él, María Trinidad, una jubilada de 71 años que salió a protestar el jueves, expresó que vivir en la Nicaragua de ahora no es lo mismo que hace una década. “Yo misma presencié la lucha que dio el presidente Ortega por sacarnos de la dictadura. No me cabe en la cabeza el giro que dio con los años, nos está llevando de vuelta a los años de Somoza”, dijo a este diario.
No en vano se podían leer también en las calles carteles que decían: “¡Ortega y Somoza son la misma cosa!”
Así, el descontento hacia el gobierno de Ortega traspasó incluso las barreras digitales con el movimiento mundial de ‘hackers’ autodenominado Anonymous, que el viernes se atribuyó un ataque a por lo menos cuatro sitios web del Gobierno de Nicaragua, en apoyo a las protestas contra la administración de Ortega.
“Buen día gente de Nicaragua, somos Anonymous, hemos perpetrado ciberataques masivos a muchas páginas gubernamentales, algunas ya se han levantado; tranquilos, solo estábamos haciendo test, a ver de qué estaban hechas. Nuestras protestas no acaban aquí”, informó el movimiento.
Los sitios más afectados por el ataque de los ‘hackers’ fueron el de la Asamblea Nacional (parlamento), Juventud Presidente, Canal 2 y Procuraduría General.
“El Canal 2 ha estado engañando a la población con noticias falsas, por eso necesitábamos callarlo, es nuestro turno de decir al mundo la verdad #NosEstanMatando #OpNicaragua”, publicó Anonymous.
Comisión de la verdad
Todo lo anterior llevó a que el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, anunciara el viernes que la junta directiva del ente legislativo creará una comisión de la verdad. Según el dirigente, su objetivo será “conocer, analizar y esclarecer” la verdad sobre los enfrentamientos que tuvieron lugar en el país durante esas manifestaciones. La comisión la formarán un grupo de juristas, intelectuales, religiosos, jóvenes, personalidades y organizaciones que estén de acuerdo con la paz.
El Ministerio Público de Nicaragua también anunció el “inicio de una investigación formal sobre las pérdidas de vida de estudiantes, miembros de la Policía Nacional y civiles”.
Además, el país está pendiente del comienzo del diálogo que en fechas todavía sin especificar protagonizarán el Gobierno y los empresarios con la mediación de la Conferencia Episcopal.
Fuente: El Tiempo
