El Consejo de Paz de Arauquita y la Fundación de derechos humanos Joel Sierra en sus pronunciamientos coinciden en el llamado a los actores del conflicto armado, para que dejen por fuera de sus acciones a la población civil
El Consejo de Paz de Arauquita desaprobó los hechos registrados la noche del domingo 11 de septiembre en momentos en que se realizaba la misa campal de clausura de la Semana por la PAZ donde fue hostigada la estación de policía creándose pánico en los feligreses que acudían a la santa misa. También rechazan la incineración de una motocicleta el lunes 12 de septiembre en el anillo vial del barrio 20 de julio.
Exigieron de la Policía nacional, proteger la honra, bienes e integridad de los ciudadanos, al tiempo que pidieron a los mandos policiales no actuar de forma represiva y violenta, como lo hicieron contra los ciudadanos de bien Mauricio Zuluaga y Mauricio Aceros, de quienes dice el consejo de paz de arauquita “se encontraban en momentos del hostigamiento dirigiéndose a sus residencias, siendo retenidos arbitraria y violentamente, culpándolos de los hechos”.
Los miembros del Consejo de Paz de Arauquita igualmente exhortaron al gobierno nacional y al ELN a destrabar la mesa de negociación y declarar el cese bilateral al fuego para que los diálogos se desarrollen sin acciones que afecten a la población civil y garanticen el avance en los acuerdos con este grupo armado.
Los Arauquiteños resaltan que Celebran los acuerdos entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, al respecto expresan “ somos conscientes que los diálogos y acuerdos con el ELN representan el camino integral de la terminación del conflicto armado, para que los araucanos podamos gozar de la PAZ completa que tanto anhelamos”.
Por su parte la Fundación defensora de derechos humanos Joel Sierra, afirmó que las comunidades del departamento de Arauca continúan afrontando las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado y las consecuencias del conflicto armado.
La Joel Sierra destacó que durante el último mes se han desarrollado en el territorio diferentes acciones que han puesto en grave riesgo la vida e integridad de los pobladores de la región.
1. La organización guerrillera, Ejército de Liberación Nacional ELN, decretó un paro armado desde las 6:00 a.m. del 12 de septiembre, hasta las 6:00 a.m. del jueves 16 de septiembre, en varios departamentos del país donde tiene influencia el Frente de Guerra Oriental de esa insurgencia, entre ellos Arauca, Boyacá, Casanare, Los Santanderes y Vichada.
En desarrollo de dicho paro, se han visto afectados varios derechos de la población civil, principalmente el de libre locomoción. De igual manera, fueron atravesados vehículos en algunas vías del departamento, y varias motocicletas han sido incineradas en los municipios de Saravena, Arauquita y Arauca, al igual que una buseta en el municipio de Sácame-Casanare.
2. El 9 de septiembre, fue lanzado un artefacto explosivo contra una garita de la policía en el centro del casco urbano de Saravena. En este hecho se causaron lesiones a un miembro de la población civil y daños a algunas motocicletas que se hallaban en ese sector.
3. En la madrugada del 4 de septiembre, la Fuerza Aérea Colombiana desarrolló un bombardeo en predios colectivos de la comunidad indígena del Resguardo Cibariza del municipio de Fortul. En esta acción resultaron afectadas las infraestructuras del puesto de salud y la escuela, además, de generar malestares físicos y psicológicos a familias indígenas quienes desarrollaban un ritual cultural de ayuno, entre los afectados hay menores de edad.
4. El 2 de septiembre, fue activada una carga explosiva al paso de un carro militar, sobre la vía principal que comunica al casco urbano de Saravena y el centro poblado de Puerto Nariño, causando serios daños a la infraestructura vial.
5. El 19 de agosto, las instalaciones del Aeropuerto Los Colonizadores y algunas viviendas aledañas en el municipio de Saravena, resultaron afectadas producto de la activación de varios artefactos explosivos.
6. Desde mediados de agosto, fueron retenidos cuatro arroceros en el municipio de Arauca, quienes según las autoridades fueron interceptados por miembros de la organización rebelde ELN. Uno de ellos fue entregado el 29 de agosto, por parte de la organización subversiva a una comisión humanitaria.
7. Entre el 25 de agosto al 6 de septiembre, fueron asesinadas con impactos de arma de fuego, tres personas de sexo masculino en los municipios de Fortul y Arauquita.
8. Por otra parte, continúan los panfletos y llamadas amenazantes a nombre de supuestas BACRIM, Aguilas Negras o Urabeños, expresiones del eje del paramilitarismos que pretenden implantarse para continuar generando terror sobre las comunidades en el territorio.
Al analizar el monitoreo de los hechos violentos la Joel Sierra conclute,”Estos hechos muestran que mientras se hace alarde de un escenario de postconflicto, la realidad en los territorios es totalmente distintas. Contrario a bajar las hostilidades, éstas se intensifican con la alta militarización de la vida cotidiana, los bombardeos indiscriminados y las acciones de las organizaciones rebeldes”.
Al hacer alusión explícita al congelamiento de la instalación de la mesa de diálogo entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN, la Joel Sierra señala, “Las infracciones a las normas y principios del Derecho Internacional Humanitario van en aumento, ante la inoperancia de los organismos de justicia y control, en un contexto, en el que se quiere mostrar que la guerra es cosa del pasado, queriéndose desconocer actores importantes en la misma, y las causas estructurales que la generaron y la mantienen”.
Finalmente la Fundación de derechos humanos Joel Sierra, reiteran el llamado a los organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, de carácter social e institucional para que continúen haciendo seguimiento a la grave situación de la región, así como a no desistir en la exigencia al Estado colombiano para que cumpla con sus obligaciones de garantía y respeto por los derechos humanos.
A los actores del conflicto armado (organizaciones rebeldes y fuerza pública), les solicitan respetar las normas y principios del Derecho Internacional Humanitario, dejar por fuera de sus acciones a la población civil entre tanto se avance en una salida política al conflicto armado.
