El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, al intervenir ante la Asamblea de Naciones Unidas como representante de Colombia en el debate por el 15 aniversario de la Convención contra la Corrupción, advirtió que el mundo se expone a una pandemia que exige respuestas inmediatas que comprometan al sector público y al privado en la lucha contra este flagelo.
“La historia en los últimos 15 años en la lucha contra la corrupción es una historia de luces y sombras, donde pasamos de un mal endémico y hoy podemos hablar fácilmente de una epidemia, casi de una pandemia que exige respuestas internacionales”.
Carrillo Flórez precisó que para el caso de América Latina la corrupción es un mal que se lleva el 5% del Producto Interno Bruto, el 15% del presupuesto nacional, y que afecta por sobornos y coimas el 18% de la contratación pública de la región.
Sostuvo que este flagelo hoy es más sistémico, organizado, sofisticado y estratégico que hace 15 años cuando se firmó la convención, por lo que, a su juicio, es un error en hablar de reducirla. “Hay que erradicarla de tajo”.
“La corrupción es el peor enemigo de la democracia, es el mayor obstáculo contra el desarrollo social y se ha convertido en el mayor factor de deterioro de los derechos fundamentales de los ciudadanos en nuestras regiones. Ha afectado los derechos económicos sociales, se ha ensañado con los sectores sociales, con la salud, la educación, la nutrición infantil, con aquellos sectores que carecen de voz y visibilidad”.
En su intervención ante la Asamblea de la ONU, el Procurador General sentenció que la lucha contra la corrupción exige órganos de control con capacidad sancionatoria, una justicia independiente, la garantía de una libertad de prensa blindada contra los abusos del Estado y una ética pública en armonía con los derechos de los ciudadanos, el medio ambiente, los controles sociales “y no únicamente los legales que deben combatir la corrupción”.
“En el tema de bienes en la lucha contra la corrupción nuestros ciudadanos exigen recuperar activos, perseguir propiedades de los corruptos y sobre todo fijar reglas para la indemnización frente al inmenso daño económico, moral y social que las multinacionales en América Latina le han causado a la moralidad pública en los últimos años”.
Para el jefe del Ministerio Público “la lucha contra la corrupción exige que la cooperación judicial funcione, y perdóneme que lo diga de manera crítica, pero constructiva, la cooperación judicial, por lo menos en nuestra región, no funciona y hay que ver de qué manera logramos esa efectividad”.
Defendió la necesidad de que sector público y privado trabajen de la mano en este propósito, para imprimir transparencia a temas como el financiamiento de la política y las discusiones sobre conflictos de intereses.
Carrillo Flórez demandó la necesidad de que las TIC´S se pongan a la par del crimen organizado, para que no sigan siendo utilizadas por grupos delincuenciales, mientras los funcionarios desde sus estados siguen actuando de manera rudimentaria en el intercambio de información y de pruebas.
“Hay nuevas formas de crimen a nivel global: hay minería ilegal, hay trata de personas, hay tráfico de inmigrantes y de armas, donde la corrupción se convierte en el instrumento principal de acción de esas mafias que siguen operando a nivel global. La lucha contra la corrupción exige además estudiar la estructura de financiamiento de las organizaciones criminales, porque allí está el sistema circulatorio del crimen organizado transnacional”.
Finalmente advirtió que lo más importante en la lucha contra la corrupción es el liderazgo ético que pueden demostrar el sector público y el privado para erradicar, de una vez por todas, el más grande desafío que tiene el desarrollo de nuestros países
