Ocurrió tal y como estaba previsto, nada se salió del libreto. Temprano en la mañana, el inspector de policía de Corinto, norte del Cauca, anunció el desalojo de la finca García Arriba, a tan solo veinte minutos del casco urbano, ordenado por su alcalde. Publica El Tiempo.
Los indígenas acataron la resolución y abandonaron los cambuches y los sembradíos de pancoger sin oponer resistencia. Al rato, el dueño, Álvaro Saá, y dos de sus trabajadores, a bordo de tractores y protegidos por el Esmad y un pelotón del Ejército, destruyeron todo, incluidos los pequeños cultivos de tomate, yuca y maíz, para recuperar las tierras que integrantes del pueblo nasa habían invadido catorce meses atrás.
Salvo por unos tiros de escopeta disparados desde una loma cercana que no dieron en ningún blanco, la labor completa transcurrió sin mayores contratiempos. A las 11 de la mañana de aquel sábado 19 de mayo los uniformados desaparecieron, los autores de los disparos fueron detenidos por soldados y retornó la calma, al menos en apariencia.
Pasadas dos horas, a la 1 de la tarde, una decena de indios embravecidos irrumpió en la finca. Destrozaron la casa del administrador y se llevaron lo que hallaron a su paso: guadañas, fumigadoras, un motor.
Muy cerca, en Miraflores, hacienda del ingenio Incauca, las autoridades intentaban sacar a otro nutrido grupo de nativos que ocupaba una parte de la propiedad. El plan inicial preveía llevar a cabo tres operativos simultáneos, pero la violenta resistencia que encontraron en Miraflores impidió que siguieran en la contigua Quebradaseca.
“A mí me invadieron 60 hectáreas y a ellos, que son más grandes, unas doscientas”, explica Saá mientras muestra lo que quedó de la edificación, que no piensa de momento reconstruir por la falta de garantías. “Yo tenía claro lo que pasaría porque era el sexto desalojo. Siempre digo que lo más importante es que después de hacerlo nos den protección, pero quedamos solos y ya sabíamos lo que se venía con esos indios que estaban bravísimos, con razón desde su punto de vista. Ya nos habían advertido que tumbaban la casa. Los del Ejército dijeron que tenían orden de replegarse y que, además, no pueden hacer nada en esos casos contra los indígenas porque hay disparidad de fuerzas”.
Después de los acontecimientos enviaron un pelotón a vigilar la finca en la que Saá solo mantiene a dos empleados. Se vio obligado a despedir al administrador y tres trabajadores más por lo sucedido. “Los desalojos son necesarios porque si no se hacen, asumen que ya es de ellos, que se quedaron y van avanzando”, anota. En todo caso, la presencia de militares, que solo duró unos días, no evitó que los indígenas regresaran al mismo punto de donde los sacaron, que armaran otros cambuches y se instalaran. Tampoco fue obstáculo para que una semana más tarde, el miércoles pasado, llegaran de nuevo hasta la casa para acabar con los pocos bienes que dejaron en pie la vez anterior, como un beneficiadero de café, y cortaran unas palmas esbeltas que llevaban años plantadas.
Y no solo han vuelto a García Arriba, también a Miraflores, incluso en lugares que antes no habían invadido. La razón que alegan para actuar es el derecho de las comunidades indígenas a recuperar lo que reclaman como sus territorios ancestrales. Consideran que los terratenientes se los arrebataron a la fuerza y los relegaron a las montañas para apropiarse de los valles fecundos y alfombrarlos de cañaduzales.
A diferencia de anteriores ocasiones, cuando fui hasta la finca, no quisieron hablar conmigo para dar su opinión de lo acontecido. Caminé hasta el punto donde habían asentado los nuevos cambuches, frente al caserío de Pueblo Nuevo, junto a la vía destapada que de Corinto sube la montaña hacia Río Negro y otras veredas donde conviven los cultivos ilícitos con sembrados de fresas, entre otros. Me recibieron unos pocos jóvenes, mujeres y hombres, algunos de aspecto citadino, machetes en ristre, agresivos y amenazantes, alegando que represento a la oligarquía y tergiverso los hechos con el fin de perjudicarlos.
Con posterioridad me comuniqué por teléfono con un líder de Acin (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca), que conocía de antemano. Repitió los mismos argumentos pero sin acritud, con completa serenidad, y agregó uno nuevo: que sería responsable, junto con este diario, “de las masacres que vendrán”. La única crónica que hice al respecto es la titulada ‘Finqueros contra indígenas, la otra guerra del Cauca’, publicada el pasado 4 de abril, en la cual se anticipaba lo que pasó este mes.
En aquellas fechas, en el mismo lugar del que me echaron, un vocero aseguraba en la entrevista que mantuvimos que lo que ellos hacen “no son invasiones porque todo esto (fincas cañeras) fue resguardo. Los mayores fueron despojados de estas tierras de manera violenta”. Al tiempo, advertía que “así siembren comida”, en lugar de caña, “igual lo volverán monocultivo y no lo vamos a permitir. Es la liberación de la Madre Tierra. Lucharemos hasta que el sol se apague, así nos toque pagar con la vida”.
Pese a esas palabras, Álvaro Saá no ha cejado en su empeño de hacer de García Arriba, de 160 hectáreas, una finca productiva en toda su extensión. Además de caña, que le han quemado varias veces y ha resembrado otras tantas, ahora produce soya y maíz.
“Traen soya más barata de otros países y por eso se acabaron esos cultivos en esta región, ya no es rentable. Lo hago por no tener las tierras baldías y buscar una alternativa a la caña”, explica Saá. “Sigo arriesgando la inversión pese a que me lo pueden quemar todo porque creo que estas cosas van a cambiar. Duque dice que hay que respetar la propiedad privada. Con que judicialicen dos o tres indios por invasión de tierras, las tomas se acaban. Este gobierno no actúa”.
Ya ha denunciado al responsable de la tala de las palmas, Julio Tumbo, líder nasa de Pueblo Nuevo. Con él ya tuvo una fuerte disputa en el 2015, cuando le quemaron caña por primera vez. “Pero nadie actúa”, se queja.
Durante la campaña electoral, Gustavo Petro hizo la propuesta de comprar tierras sembradas de caña de azúcar al ingenio Incauca, lo que algunos consideraron que se trataba de una expropiación encubierta. En la actualidad, la azucarera cuenta con 3.873 hectáreas propias de cañaduzales en Corinto, además de 637 de diferentes proveedores. El domingo, Petro ganó en el Cauca con el 65 % y con un 60 % en Corinto.
“No es haciendo daño al resto de colombianos que salimos adelante en el Cauca.
«Nosotros no hacemos taponamientos de vías, ni invasiones de haciendas, ni protagonizamos enfrentamientos con la Fuerza Pública porque todo ello sería contribuir más al desempleo”, asevera un vocero de Caicotb (Cabildo Indígena de Corinto Tierra de Bendición), el único cabildo de Corinto y una organización que agrupa a indígenas nasa alejados de las tesis de la mayoritaria Acin.
Pese a contar con menos miembros, piensan que su voz podría ser más potente si en el próximo censo no agrupan a los nasa bajo un mismo renglón. “No creo que la solución venga quitando tierras a nuestros hermanos de otras razas y dándosela a los nasa, más bien agrandará el problema. Los afros de La María, de Jagual, también tienen derecho, descienden de esclavos que estaban en estas tierras”.
En el caserío La María, a escasos cinco minutos de la cabecera municipal, sobre la carretera que une a Corinto con el corregimiento de El Palo, el señor Temístocles Rahondo, vicepresidente del Consejo Comunitario de Negritudes, de 73 años, piensa que podrían darles tierras, pero siempre por medio de un pacto, no cree que deban recurrir a las vías de hecho.
“No estamos de acuerdo con las invasiones de los indígenas, hay que reconocer que los terrenos tienen sus dueños”, dice en la modesta casa de un familiar. “Aquí nuestros padres nos contaron que llegaron unos japoneses muy trabajadores en 1918 y cultivaban fríjol, maíz, arroz”. Años más tarde, unos caucanos se fueron apoderando de las tierras y los nipones se esfumaron y nadie les siguió el rastro. Las diferentes violencias y distintos problemas obligaron a los nativos a ir vendiéndolas a los ingenios. Los negros quedaron arrumados en un área muy pequeña.
“Nosotros somos diez hermanos y tenemos dos hectáreas para todos. Eso no da para nada y menos cuando todos tenemos familia y los jóvenes tienen que irse a buscar trabajo a otros lados. Pensamos que se puede llegar a un acuerdo con los ingenios, no es que se vayan, es que cedan una parte. Una familia con una hectárea en la parte plana bien manejada tiene con qué subsistir”, sugiere con el tono calmado pese a decenios de padecimientos y estrecheces. “El ministro de Agricultura Iragorri vino una vez y nos ofreció que miráramos tierras en el Putumayo o Caquetá, pero somos de acá, allá no conocemos y es un desarraigo. Creo que sería posible acordar con los ingenios porque han incautado tierras de los narcos y se las dieron a ellos para sembrar caña. No que se las quiten, que las canjeen por otras de narcos en Jamundí o miren una salida”.
Además de las negritudes y de los nasa de distintas agrupaciones, los colonos caucanos y los llegados de otras latitudes también quieren su porción de la torta, sin olvidar que existen los partidarios de crear la Zona de Reserva Campesina que proponían las Farc. Si un gobierno decide darles a unos, tendrían que repartir a los demás, dicen en el pueblo.
“Los ingenios generan mano de obra, mucha gente de Corinto trabaja con ellos y hay que tener en cuenta que el valor de la tierra sembrada de caña en el municipio ha subido mucho, pasó de 35 millones por hectárea a 90/100 millones porque ahora hay una burbuja”.La pregunta que flota en el aire ya queda para el siguiente gobierno. ¿Cómo lograr la paz entre finqueros e indígenas del Cauca sin olvidar a los demás?
