Según la Contraloría, esta es la cifra que pagaría el Estado para resolver las demandas instauradas en su contra por parte de líderes sociales y defensores de derechos humanos que están amenazados y no cuentan con un esquema de protección.
Colombia puede pagar por no proteger líderes amenazados Organizaciones sociales y entidades como las Naciones Unidas han pedido adoptar medidas urgentes para proteger a los líderes sociales. Publica Semana.
Los crímenes en contra de líderes sociales en el país han aumentado en las últimas semanas. Los asesinatos y amenazas recaen sobre activistas comunitarios que continúan siendo víctimas de grupos al margen de la ley. La protección que les da el Estado sigue siendo insuficiente y eso podría
La entidad hizo un estudio en el que insta a aumentar las medidas de seguridas, pues las adoptadad, aunque representan un gran esfuerzo, no son suficientes.
Recientemente, el gobierno anunció un plan con ocho medidas para garantizar los derechos de estos líderes. Entre ellos, la protección colectiva de comunidades amenazadas, la adopción de un mecanismo urgente para las zonas más afectadas y la organización de un sistema de recompensas por información sobre los casos más preocupantes.
«Aunque la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha hecho un gran esfuerzo para proteger la vida de los líderes sociales amenazados, se requiere una verdadera política de Estado en este tema», manifestó el contralor general, Edgardo Maya Villazón.
A dos años de la firma del acuerdo de paz, paradójicamente, los más afectados por la lógicas de la guerra reciclada han sido los encargados de su implementación en las regiones. El país empieza a levantar cabeza, pero todavía quedan grandes esfuerzos por hacer. El informe detalla que entre 2012 y junio de este año «se han interpuesto 105 demandas» por un valor de 206.463 millones de pesos por parte de líderes y defensores a quienes se les negó o se les retiró esquemas de protección.
«La Contraloría consideró que son múltiples los factores que inciden en la continúa vulneración del derecho a la vida e integridad de la población amenazada, lo que exige superar el actual mecanismo de esquemas individuales para avanzar en mecanismos de prevención, control territorial y judicialización de los victimarios, entre otras», agregó el informe.
El asesinato de líderes sociales en Colombia ha tenido especial relevancia en los últimos meses tras el asesinato de varios de ellos. El más reciente de estos casos se registró el sábado pasado cuando José Osvaldo Taquez fue atacado con arma de fuego en el municipio de Orito, departamento del Putumayo, fronterizo con Ecuador, cuando salía de una reunión en la que se evaluaba la situación de los cultivos ilícitos en la región.
Según un informe de la Defensoría del Pueblo de Colombia, entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de este año 327 líderes sociales han sido asesinados en el país.
El estudio de la Contraloría explicó además que tras la firma del acuerdo de paz entre la entonces guerrilla de las FARC, ahora convertido en partido político, y el Gobierno de Juan Manuel Santos, la UNP recibió hasta diciembre del año pasado un total de 232 solicitudes de protección para miembros de la organización.
De esas peticiones, la entidad aprobó 161 esquemas, de los cuales se han implementado 123 (76 %) con un valor de 4.815 millones de pesos (unos 1,6 millones de dólares) mensuales.
