Cristina Fernández de Kirchner volvió a los tribunales. Lo hizo sola, sin el baño de masas que la arropó en ocasiones anteriores.
A las 10 de la mañana de hoy, dejó un escrito ante el juez Claudio Bonadio, al que acusó de ser un “brazo de persecución” política en una nueva “estrategia regional para proscribir dirigentes que permitieron salir de la pobreza a millones de personas”. Se comparó así con Lula de Silva, preso desde abril en Brasil en la víspera de una elección presidencial que lo tiene como favorito. Fernández de Kirchner se presentó por quinta vez ante Bonadio, esta vez en una causa por presunto cobro de sobornos. El juez la acusa de ser la líder de una organización que desde el Estado montó un esquema de recaudación de dinero negro, aportado por las empresas que durante su Gobierno se beneficiaron con millonarios contratos de obra pública. Publica EL PAÍS.
La expresidenta llegó a media mañana a los tribunales federales de Comodoro Py, en el centro de Buenos Aires, y presentó un escrito ante Bonadio. Una hora después abandonó el edificio y volvió a su casa. No hubo militancia acompañándola porque ella lo pidió así. En abril de 2016, Kirchner convirtió su primera declaración ante Bonadio, en una de las seis causas que enfrenta, en un gran mitin político. Sus seguidores montaron un escenario y desde allí habló a la multitud. Dijo entonces que era una perseguida política, los mismos argumentos que desgranó hoy por escrito. Pero esta vez puede ser diferente.
Esta nueva investigación se inició tras la difusión pública de ocho cuadernos manuscritos en los que un chófer del poder, Oscar Centeno, detalló los supuestos viajes que durante 10 años hizo con bolsos cargados de dólares producto de sobornos. Los cuadernos llegaron primero a un periodista del diario La Nación, que tras cuatro meses de investigaciones los derivó al juez Bonadio. Hace dos semanas, el juez ordenó una serie de detenciones que activaron una verdadera ola de delaciones cruzadas entre empresarios pagadores y exaltos cargos cobradores. Argentina está ahora ante una versión vernácula del Lava Jato brasileño de consecuencias políticas aún imprevisibles.
Caía la noche en Buenos Aires cuando la policía ingresó al edificio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el barrio de Recoleta, en Buenos Aires. Tenían una orden de registro firmada por el juez Claudio Bonadio, a cargo de la causa de los «cuadernos de los sobornos». Los uniformados no fueron al 5° piso, donde vive Kirchner, sino al 1° y al 2°
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Fernández de Kirchner está a salvo de cualquier registro judicial de su casa porque la protegen sus fueros como senadora nacional.
El juez, sin embargo, parece decidido a acorralarla todo lo que le sea posible en busca del dinero que, según presume, puede ocultar la expresidenta en su residencia de Buenos Aires. Los pisos en los que ingresó hoy la policía pertenecen a Osvaldo De Sousa, hermano de Fabián De Sousa, socio del empresario ultrakirchnerista Cristóbal López.
De Souza está preso en una causa por enriquecimiento ilícito y Bonadio sospecha que parte del dinero de los sobornos que investiga pueden estar ocultos en los dos pisos que su hermano tiene en el mismo edificio que Kirchner, El abogado de la expresidenta, Gregorio Dalbón, consideró «un circo y un amedrentamiento» la visita de la policía. Aclaró además que Kirchner no se encontraba en ese momento en su domicilio.
Los cuadernos de Centeno llevaron a la cárcel a ocho exaltos cargos, entre ellos el número dos del ministerio de Planificación, a cargo de las obras de infraestructura financiadas por el Estado, y siete empresarios de la construcción acusados de pagar las coimas. Otros nueve empresarios están libres porque declararon como arrepentidos ante el juez, incluido Angelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri. La ola de arrepentidos generó un terremoto político. Los cuadernos, pese a la acumulación de detalles apuntados con obsesión por Centeno, quedaron pequeños al lado de las delaciones premiadas.
El viernes declaró como arrepentido el expresidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner. Ante el juez se presentó como el facilitador de lo que llamó “el club de la obra pública”. Según su testimonio, Néstor Kirchner lo puso al frente de la Cámara en 2003, apenas asumido el poder, y le ecomendó que organice a empresarios amigos alrededor de un sistema de aportes de dinero negro. Las empresas elegidas se reunían en un piso de Buenos Aires y se repartían a dedo los contratos. A cambio, debían aportar al Gobierno entre el 10% y el 20% del anticipo del dinero destinado al inicio de obra. Para compensar los sobornos, las obras se cotizaban con sobreprecios, según los detalles que dio Wagner. Para convencer al juez de su buena voluntad como arrepentido, el constructor dijo que Néstor y Cristina estaban al tanto de toda la maniobra.
