49 mujeres, 23 de ellas venezolanas, eran explotadas sexualmente en jornadas extenuantes para pagar una precaria alimentación y alojamiento en Cartagena.
Las encontraron encerradas en los sótanos de locales que parecían discotecas pero que en realidad eran burdeles en los que 49 mujeres eran explotadas sexualmente. Una nueva red de proxenetismo ha caído en Cartagena de Indias, la capital del turismo en el Caribe colombiano que también ostenta el lamentable título de ser la ciudad del país con mayor número de casos de explotación sexual de niñas, adolescentes y mujeres adultas. Difundió EL PAÍS.
Los proxenetas, en busca y captura según fuentes de la Fiscalía de Colombia, engañaron a las víctimas con falsas ofertas de empleo y dinero. Lo que se encontraron al llegar al destino prometido fueron cuartos en condiciones insalubres en los bajos de tres comercios donde eran obligadas a ofrecer servicios sexuales. De las 49 mujeres rescatadas, 23 son de nacionalidad venezolana.
«Estas redes se aprovechan de la situación de crisis que viven en su país para captarlas», ha explicado Mario Gómez, fiscal especializado en violencia contra niños y niñas. Todas están siendo atendidas por servicios médicos y psicosociales. Las víctimas de Venezuela reciben, además, asistencia de las autoridades migratorias.
Las mujeres no podían abandonar los sótanos.
Los explotadores les ofrecían una alimentación precaria y les quitaban sus documentos de identificación (cédulas y pasaportes) para tener control sobre sus movimientos en caso de que consiguieran salir.
Para evitar cualquier tipo de fuga, la red conectó los locales y los bajos con pasillos secretos. Los clientes colombianos y extranjeros entraban en bares y usaban estos corredores para abusar de las mujeres sin levantar sospecha.
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Trabajaban «jornadas extenuantes», según la investigación. «La red se quedaba con el dinero que obtenían alegando que era el cobro por la manutención y el alojamiento», ha especificado el fiscal Gómez. «Hemos encontrado libros de registro con los listados de las jóvenes.
En los documentos aparecen frente a cada nombre los valores que adeudaban, multas por el aparente incumplimiento de las restricciones impuestas y el promedio de servicios sexuales que debían cumplir en cada jornada», se lee en el documento que describe el operativo.
La Fiscalía ha recordado que el delito de trata de personas se sanciona con prisión de hasta 23 años según el Código Penal colombiano.
