Aunque todavía no se ha retirado el proyecto que buscaba congelar y luego reducir los salarios de congresistas y otros altos funcionarios del Estado, este no tiene oxígeno y su muerte en la actual legislatura es prácticamente un hecho, a pesar de haber sido el segundo punto más votado por los colombianos en la consulta anticorrupción del pasado 26 de agosto.
El Gobierno decidió este martes convocar a la mesa técnica anticorrupción para retirar este proyecto y redactar uno nuevo que sería presentado el próximo año. Lo hace así porque durante la sesión de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde se debía dar el primer debate, defendió que la autoría no era del Gobierno sino de todos los partidos que participaron de esa mesa, difundió EL TIEMPO.
Lo que terminó por hundir el proyecto fue una paradoja: los congresistas se declararon impedidos debido a que consideraban que había un flagrante conflicto de intereses, es decir, aludieron a un razón ética para no discutir la propuesta, pese a que el objetivo de esta también tenía un trasfondo ético; de hecho esta propuesta fue el principal motor de la consulta anticorrupción.
Durante la sesión de la Comisión Primera de la Cámara, que se encarga de temas constitucionales, se leyeron varios conceptos jurídicos sobre si había o no conflicto de interés al decidir sobre sus propios salarios. La Ministra del Interior contó que su despacho consultó al constitucionalista Juan Manuel Charry, quien les dijo que sí podía existir el impedimento.
Según ese concepto, la votación de los congresistas sobre el congelamiento de su salario “afectaría directamente un interés privado económico y resultaría comprometida la transparencia de la decisión, pues podría ser opuesta al interés general”. Según le dijo Charry al Ministerio, los congresistas debían declararse impedidos al tratarse de un interés directo.
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Aunque congresistas como la representante Juanita Goebertus, del Partido Verde, defendían que no había un interés directo, pues no se iban a beneficiar de la decisión, el concepto de Charry asegura que sí hay interés directo, pues este existe siempre que se pueda afectar, en beneficio o en perjuicio. Agregó que de no declararse impedidos, los congresistas podían ser recusados para rendirles cuentas a la comisión de ética.
Algunos de los representantes que se declararon impedidos defendieron que de no hacerlo, y votar negativa la propuesta, se estarían beneficiando, pues estarían votando por mantener sus salarios actuales con los incrementos de ley, sin congelamiento, y esto también sería una forma de beneficiarse.
Goebertus, quien junto al representante del Polo Democrático Germán Navas Talero fueron los únicos integrantes de la Comisión en no declarar impedimentos, reconoció en la sesión que la iniciativa ya no tenía tiempo para convertirse en reforma constitucional, pese a que la Ministra defendía que sí.
Sin embargo, la representante aseguró que ella también consultó a otros constitucionalistas y que estos le dijeron que el impedimento “no procede”. Por eso, decidió exponerse a ser recusada por los demás representantes a la Cámara, aunque la recusación fue retirada durante la sesión por petición de los mismos representantes.
