*El proyecto asigna facultades jurisdiccionales a las Contralorías, para optimizar el proceso de responsabilidad fiscal.
*El trámite y decisiones del proceso de responsabilidad fiscal tendrá un carácter jurisdiccional.
*El nuevo régimen de vigilancia y control fiscal recaería sobre el actual modelo de control posterior y selectivo y uno denominado “preventivo y concomitante”.
*Una de las herramientas del control preventivo y concomitante es la Función de Advertencia y la gerencia de riesgos, que le permitirá a la Contraloría actuar de forma inmediata y con sentido de urgencia ante un riesgo de daño patrimonial, ejecutando auditorías en tiempo real.
*El Contralor Carlos Felipe Córdoba propone que la CGR tenga una función de intervención frente a las contralorías territoriales, cuando se presente evidencia de falta de objetividad e imparcialidad o ausencia de capacidad técnica para el ejercicio de las funciones, en las respectivas contralorias
El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, presentó hoy a consideración del Congreso un proyecto de acto legislativo que reforma de forma importante el sistema de control fiscal vigente, y cuya base es la creación de un nuevo modelo “preventivo y concomitante” que permite a la Contraloría adelantar actuaciones en tiempo real y aplicar la llamada Función de Advertencia.
El control “preventivo y concomitante”, permitirá hacer seguimiento en tiempo real y de forma especial al riesgo de daño patrimonial que se evidencie en una entidad, en defensa y protección del patrimonio público y sin que ello se constituya en un control previo. En este nuevo modelo más allá de la certeza del daño, se requiere la evidencia del riesgo.
Con este fin, se ejecutarán auditorías especiales y auditorías express.
“Se trata de actuar en tiempo real frente a las fuentes y usos del recurso público y no de manera póstuma, cuando ya el daño se materializa”, explicó el Contralor.
La idea central de su propuesta es que se ponga en marcha un modelo integral de protección y defensa del patrimonio público, de tal manera que las Contralorías no sigan siendo “notarios del daño público” y se limiten a registrar su ocurrencia e intentar el respectivo resarcimiento a través de un proceso dispendioso, complejo y, hasta cierto punto, impredecible, donde los casos de mayor cuantía e importancia son sometidos al posterior escrutinio de la jurisdicción contenciosa administrativa.
Investigadores con facultades de jueces
Córdoba Larrarte propone asignar funciones jurisdiccionales a las Contralorías, para el trámite y decisión del proceso de responsabilidad fiscal, otorgándoles a los funcionarios investigadores las mismas facultades de un Juez.
Tal cambio permitiría un adecuado y riguroso manejo probatorio, el uso de facultades de policía judicial y garantizar los principios fundamentales de imparcialidad, doble instancia, celeridad, especialidad y seguridad jurídica, propios de los procesos jurisdiccionales.
«Función de Intervención”
Adicionalmente, el Contralor Córdoba Larrarte plantea la creación de la “función de intervención” frente a las contralorías territoriales, cuando se presente evidencia de falta de objetividad e imparcialidad o ausencia de capacidad técnica para el ejercicio de las funciones que ejercen estos organismos.
Artículos que se reforman
El Proyecto de Acto Legislativo “por medio del cual se modifica el régimen de vigilancia y control fiscal y se crea la Acción Fiscal de Resarcimiento del Patrimonio Público”, que fue construido en conjunto con las organizaciones sindicales de la CGR, reforma los artículos 116, 267, 268 y 272 de la Constitución Política, con el fin de fortalecer la función de control fiscal
