Un azar se sumó esta semana a la carrera en ascenso de Cristina Lombana y cambiará por completo su historia. Al natural protagonismo que tiene su nuevo puesto –se trata de la única mujer elegida para conformar las nuevas salas de instrucción y la primera militar en llegar la máxima corte penal de Colombia– se agrega que cayó en sus manos, por sorteo, el caso judicial más político que tiene el país: el expediente en que investiga al expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos.
El reparto fue recibido por algunos sectores de izquierda más como un episodio fabricado que como una coincidencia, críticas que ya había escuchado su antecesor en la investigación contra Uribe, el magistrado José Luis Barceló. El 8 de octubre Lombana dejó atrás el uniforme militar y se vistió con la toga de la Corte Suprema de Justicia ante el presidente Iván Duque. Y sin que alcanzara a desempacar las maletas le llegó la noticia de que será la nueva ‘Barceló’ en el caso del siglo.
Si hay algo que tienen en común Barceló, actual presidente de la Corte Suprema, y la nueva togada Lombana es que sus carreras judiciales han estado marcadas por la cercanía con las fuerzas castrenses, una trayectoria que sirve como pie de batalla para cualquier sector en desacuerdo con sus veredictos.
Sin embargo, esta cercanía no le impidió a Barceló –quien por un año hizo carrera como oficial de la Armada y se graduó de abogado en la Universidad Militar– absolver al coronel (r) Alfonso Plazas Vega, al igual que ordenar la indagatoria contra el expresidente Uribe. Tampoco estos rumores le permitieron esquivar los comentarios de prensa, ni lo blindaron de una denuncia del Centro Democrático que lo dejó en la mira de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y del Comité de las Naciones Unidas que investiga la independencia judicial de los jueces en el mundo. Así las cosas, no es extraño que al reemplazo de Barceló en el sonado expediente, a la nueva magistrada Cristina Lombana, de 49 años, le den la bienvenida con críticas del mismo tenor.
Eligió ser juez hace 15 años y el camino la ha llevado por escenarios en donde las mujeres apenas si logran encajar. En la Justicia Penal Militar obtuvo el grado de mayor y pasó por los despachos de instrucción en Pereira, Medellín, Popayán, Cartago y Bello. Las investigaciones que llevó durante estos tres lustros son reservadas y poco se conoce de esta etapa de su carrera.
La Corte Suprema de Justicia, para elegirla, hizo un severo escrutinio de su hoja de vida. Ella personalmente repartió su currículo puesto por puesto el día de la audiencia ante el pleno de los 23 magistrados con ausencia solo de uno. Lo hizo para generar recordación pero era de las candidatas que menos lo necesitaba, algunos la tenían referenciada como la sobrina de Édgar Lombana Trujillo, exmagistrado de esta alta corte fallecido hace apenas unos meses. La Sala Penal también la tenía en el radar porque hace un año le dieron sus nueve votos para cerrar una investigación en su contra. El caso se originó por la pérdida de un millón de pesos en un proceso, y ocurrió cuando ella era capitán y despachaba desde el juzgado penal militar 54 de Popayán.
Como el Tribunal Superior Militar se negó a cesar el procedimiento investigativo en su contra, los magistrados de la Sala Penal recibieron el expediente en apelación. Con ponencia de Barceló, ordenaron el archivo teniendo en cuenta que Lombana actuó apegada a todos los protocolos para la custodia del dinero, y que por estos hechos se adelanta otro proceso penal contra la subalterna que debía darles ejecución.
Un año después de este episodio, Lombana y la corte volvieron a encontrarse en el camino, esta vez por la transformación radical que atravesó el alto tribunal. Se creó una segunda instancia para aforados, lo que obligaba la conformación de una sala de instrucción y otra de juzgamiento de primera instancia con lo cual se requirió integrar a la corte 9 nuevos magistrados. Este proceso que debía hacerse con toda la celeridad entró en una etapa muerta de cinco meses luego del llamado a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Precisamente, la certeza de que sí o sí este caso iría a parar a manos de quienes estaban por ser elegidos, hizo que la tensión dispersara las votaciones y se barajaran nombres de los aspirantes una y otra vez. Sin saberlo, Lombana, habría de salir beneficiada de esta suerte.
En el proceso de elección se elaboraron nueve listas con diez aspirantes cada una. De cada lista saldría un elegido: quien obtuviera 16 votos de 23 en juego. En esa dinámica la Sala Penal inicialmente respaldó la postulación de la magistrada del Tribunal Superior de Sincelejo Lucy Bejarano. Sin embargo este nombre no era del todo bien recibido, ya que algunos togados no veían con buenos ojos que Bejarano hubiera sido la ponente del fallo que en noviembre del 2005 absolvió al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso por la masacre de Pichilín. Años después, el mismo Mancuso confesó que esa fue una de las primeras acciones en que participó materialmente. La masacre ocurrió en 1996 y allí murieron 12 personas.
Pero el bloqueo en la corte se prolongó más de lo esperado. Y para destrabar el asunto se hizo necesario abrir las listas. Así, la Sala Penal formuló otro nombre, un plan b. Fue entonces cuando el nombre de Lombana brilló como segunda favorita.
En exposición como aspirante ante los magistrados, Lombana se jugó la carta del aislamiento político al que está obligada como militar: en quince años no ha ejercido el derecho al voto y tampoco ha participado de «lides políticas». Algo que -según ella- es garantía de independencia frente a las investigaciones que, de ser elegida, tendría que adelantar contra congresistas, magistrados y gobernadores. Además, subrayó su trayectoria de años como juez de instrucción penal militar, desarrollando investigaciones dinámicas, minuciosas y metódicas que conduzcan a la verdad de los casos.
El Ejército, su catapulta profesional
Por sangre, Cristina Lombana tiene tres pasiones. La arquitectura, la profesión de su padre Oswaldo Lombana, quien murió cuando apenas era una niña. Los militares, su tío abuelo –el general Carlos Arturo Lombana Cuervo– fue comandante general de las Fuerzas Militares en 1977; su abuelo también logró este grado y llegó a ser Secretario General del Ministerio de Defensa durante la época de Rojas Pinilla. Y las leyes, el camino que finalmente se decidió a tomar.
Lo hizo impulsada por su figura paterna, Édgar Lombana, quien se opuso a que comenzara la carrera militar sin tener un título profesional. Para ese momento entrar a la milicia sin haber estudiado, le daba un rango de suboficial, posición que era diametralmente inferior y lejana a los oficiales de la época. Ni siquiera podría contraer matrimonio con un oficial, no era permitido. Con todas esas consideraciones fue conducida por su tío hacia el derecho.
Se tituló de abogada en la Universidad Javeriana y de inmediato comenzó su acercamiento con las fuerzas. Primero como parte de la reserva, después lo hizo como miembro activa.
Pero antes de enrolarse viajó a Francia para especializarse en Derecho Penal en la Universidad Pantheón-Paris II. A su regreso, Julio Sampedro, el profesor que le dirigió su tesis sobre el desarrollo normativo del delito de secuestro en Colombia, fue su carta de entrada a la oficina privada del fiscal general Alfonso Valdivieso. El fiscal general necesitaba una secretaria privada, tomó el teléfono, llamó a la Javeriana y le enviaron a una de las exalumnas más aplicadas.
En el despacho de Valdivieso, Lombana vio pasar a las grandes personalidades del mundo judicial y político. Observó de cerca el desarrollo del proceso 8.000. Conoció al excontralor David Turbay y al exembajador de Estados Unidos en Colombia Myles Frechette. Duró un año trabajando en el despacho del fiscal antes de que continuara buscando su camino.
En el año 2004 presentó el concurso para Jueza Penal Militar y esperando respuesta trabajó para la oficina de Derechos Humanos de la Escuela Militar. Una vez logró entrar se abrieron nuevas puertas para estudiar otra vez en Francia, esta vez con una beca en Administración Pública en la Ecole nationale d‘Administration (ENA). La institución donde estudió el presidente de Francia Emmanuel Macron en Estrasburgo y a donde solo pueden acceder pocas personalidades en el mundo, fue también la escuela de Lombana. Ella considera a Francia como su segundo país. Y su francés es perfecto.
Además de sus estudios en el exterior, hizo una especialización en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Contratación Estatal en la Universidad Externado de Colombia y es magíster en Derecho Penal de la Universidad Eafit, de Medellín. En suma, a través del Ejército consiguió tres de sus cuatro títulos de postgrado. Ha sido becada tres veces, una de ellas, apoyada por el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos.
Ante su designación para la sala de instrucción de la primera instancia de la Corte Suprema, los primeros en celebrar fueron las Fuerzas Militares quienes le otorgaron como condecoración la medalla Fe en la Causa. Aunque actualmente sus funciones militares están en suspenso por cuenta de un decreto de octubre firmado por el Ministro de Defensa, vive en el batallón Caldas mientras le entregan su apartamento en Bogotá y termina de hacer el traslado de su familia. Tiene dos hijos de 5 y 15 años. Está casada con Leonardo Carvajal, un abogado que se ha enfocado en el derecho administrativo.
Cuando asistía a un acto público este martes, los periodistas la notificaron de la noticia: ella es la nueva investigadora del caso Uribe. Y su primera decisión será si admite o no como prueba las interceptaciones que la Corte Suprema de Justicia hizo de manera accidental al teléfono del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El episodio levantó una polvareda política apenas igualable a su llamado a indagatoria. Esa será otra determinación trascendental que deberá tomar la magistrada Lombana: ¿mantener el llamado a indagatoria al expresidente o escucharlo en versión libre?
El aterrizaje de la magistrada ha sido en terreno pedregoso. No lleva un mes y ya hay voces que le piden que se declare impedida para investigar al expresidente. Algo que hasta ahora no está siquiera en consideración. Ella defiende la independencia que ha mantenido como juez penal militar a pesar de ser de las entrañas del Ejército. Y su misión por estos días no es otra que concretar la mudanza completa a su nueva casa. Resuelto eso, encarará el caso más importante que pueda llegar a tener cualquier juez en Colombia.
Fuente: Revista Semana
