Se cumplen los primeros tres meses del mandato del Presidente Iván Duque. ¿Cómo está el país en términos de confrontación armada, movilización social, proceso con el ELN, implementación de los Acuerdos de Paz y política de drogas? Este informe de la FIP hace un balance de cómo, hasta ahora, el nuevo Gobierno ha abordado estos temas
El Gobierno de Iván Duque ha tenido un lento aterrizaje. Buena parte de los esfuerzos se han concentrado en hacer un balance de lo que dejó la administración anterior —algo que sin duda era fundamental—, sin muchas definiciones públicas sobre lo que viene. Mientras que en el Gobierno central el empalme ha tomado más tiempo de lo esperado, en los territorios impactados por el conflicto la incertidumbre es el tono predominante.Las declaraciones en torno al regreso de la aspersión aérea, las posiciones de algunos funcionarios frente a la protesta social y la falta de recursos para cumplir con lo acordado, han generado dudas sobre el futuro de la implementación del Acuerdo de Paz.
Dentro de los hechos destacados se encuentra la suspensión del proceso de diálogo con el ELN —bajo la exigencia de acabar con las acciones armadas y el secuestro—; el polémico Decreto para el decomiso de sustancias psicoactivas, y la mayor ofensiva contra las facciones disidentes. En cuanto el Acuerdo de Paz, la agenda legislativa impulsada por el Gobierno se ha dirigido a eliminar la conexidad de narcotráfico y el secuestro con el delito político. Además, el partido de Gobierno propuso la creación de una sala especial para juzgar a la Fuerza Pública.
Mientras que el Ejecutivo calienta motores y la implementación de los Acuerdos de Paz avanza en piloto automático, en varias regiones la situación de seguridad se ha deteriorado, por cuenta de la disputa entre distintas facciones criminales que buscan llenar el vacío de regulación dejado por las FARC. Aunque las acciones armadas de las disidencias y ELN han disminuido de intensidad, estos grupos armados ilegales mantienen capacidad ofensiva y de afectación, y en algunos casos están expandiéndose. Es claro que esta situación no cambiará de la noche a la mañana.
Dentro de los resultados que causan preocupación en estos primeros 100 días, se destacan el incremento del número de víctimas de desplazamiento y confinamiento (un alza del 21% con respecto al periodo de agosto a octubre de 2017) y el aumento en el número de agresiones y homicidios de líderes sociales (del 357% y 143%, respectivamente). Además, hay incrementos notables de homicidios en zonas de disputa, como lo son los departamentos de Putumayo y Arauca, y regiones como el Bajo Cauca, el Norte de Antioquia y el sur del Chocó. En Cauca y Nariño también se registran incrementos en el número de muertes violentas.
El Gobierno ha manifestado su compromiso con las familias que se encuentran en el proceso de sustitución de cultivos ilícitos y también con la base guerrillera.Además, ha anunciado que presentará una nueva política integral para la protección de los líderes sociales y otra de drogas, tareas que siguen pendientes.
Con la comunidad internacional jugada por el Acuerdo de Paz, y ante la tensa situación que se vive en regiones donde está escalando la violencia, el presidente Duque ha dado señales de que continuará con la implementación. Esto no quiere decir que no habrá modificaciones, ni que la actual administración se limitará a cumplir a cabalidad con lo pactado, pero estos cambios llevarán tiempo y se verán restringidos por el blindaje constitucional y las disposiciones legales que hay alrededor del Acuerdo.
Como ha señalado la FIP, el proceso se encuentra en un momento crítico que necesita de decisiones claves para la transición. En algunos territorios, el Gobierno enfrenta verdaderas bombas de tiempo: en ellos se combinan las disputas entre actores armados ilegales, la movilización social, las tensiones intracomunitarias, la acumulación de promesas incumplidas por el Estado y una baja capacidad de respuesta por parte de las instituciones. Un dato para destacar es que en los primeros tres meses de gobierno los eventos de protesta social tuvieron un alza del 59% con respecto al periodo de agosto a octubre de 2017.
Mientras que se hacen los balances y se avanza en la planeación, se requiere de un Plan de Respuesta Rápida que dé certidumbre a los líderes sociales, a las comunidades y a los excombatientes. Por esto es urgente que el gobierno presente y comience a implementar la estrategia de estabilización que ha venido discutiendo internamente durante estos meses. Decisiones como el regreso de la aspersión aérea, posiciones radicales frente a la movilización social y la falta de canales claros de participación de los actores locales, podrían generar turbulencias para la actual administración e impactar la legitimidad del Estado.
Queda claro que ya pasó el tiempo del aterrizaje. Ahora se requiere que el Gobierno despegue.
