Con 112 votos a favor y 15 en contra, fue aprobado en la plenaria de la Cámara el proyecto de prorroga y modificación de la Ley de Orden Público, en el que se hundió un polémico artículo propuesto por el uribismo que otorgaba potestad al presidente para revivir las órdenes de captura contra exguerrilleros sometidos al Acuerdo de Paz.
Con 112 votos a favor y 15 en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes le dio vía líbre al proyecto de ley que prorroga la Ley de Orden Público. La iniciativa seguirá su trámite, ahora, en el Senado de la República, sin embargo, la oposición logró dejar por fuera un polémico artículo que fue propuesto por el representante Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, que le daría la facultad al presidente para revirir órdenes de captura en contra de exguerrilleros que hacen su curso a la vida civil.
En intenso debate, en el cual intervino hasta la Misión Especial de Paz de la ONU, la plenaria de la Cámara de Representantes echó para atrás la proposición del Centro Democrático. Fue tanta la presión de sectores importantes de la opinión pública que las mayorías de la Cámara cambiaron de posición, reabrieron la discusión sobre el mencionado artículo, y lo hundieron
El artífice de la propuesta -que finalmente fue vencida- fue el representante del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, quien propuso una adición a la ley 418, según la cual, el gobierno, argumentando razones de seguridad nacional o interés público, podía reactivar las órdenes de captura suspendidas mediante este mismo mecanismo; pero además, permitía que la justicia ordinaria solicitara la captura de los miembros de las Farc que no se hayan presentado ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) en un plazo máximo de 30 días.
La propuesta en principio fue aprobada porla plenaria del martes en la Cámara de Representantes, donde en altas horas de la noche recibió el apoyo de 119 representantes contra 20 que se opusieron. De inmediato, la representante la Alianza Verde, Juanita Goebertus, asumió una cruzada para derogar la actuación de la corporación. Y fue tan efectiva que hasta la Misión Especial de la ONU, que hasta el momento no se había pronunciado sobre desarrollos legislativos, le hizo un durísimo llamado de atención al Congreso.
“La proposición aditiva al Proyecto de Ley por el cual se prorroga y modifica la Ley 418 de 1997, hoy ante el Congreso, dispone la reactivación de órdenes de captura suspendidas en virtud de esa ley. Tal como está redactada, tiene precisamente el potencial de afectar las garantías jurídicas de los exmiembros de las FARC-EP que han hecho dejación de armas y están en proceso de reincorporación. La proposición aditiva no hace referencia explícita a los excombatientes reincorporados, quienes no constituyen hoy, como lo reza la proposición, una “organización armada al margen de la ley””, reclamó la Misión de Paz de la ONU. Incluso, le advirtió al Congreso que esta disposición es inconstitucional y atenta contra la seguridad jurídica y política de quienes suscribieron un Acuerdo de Paz y dejaron las armas.
En consecuencia, varios representantes del Partido Liberal, Cambio Radical e inlcuso del Partido de la U -que hacen parte de la coalición de gobierno- apoyaron la propuesta de la oposición para reabrir el debate sobre el artículo tercero de la mencionada ley. La reapertura estuvo seguida de duras intervenciones contra el Centro Democrático y cuando se puso a consideración la modificación impulsada por el representante Prada, la mayoría la negó con 81 votos contra 52 parlamentarios que pedían aprobar la propuesta del uribismo
