El proyecto de ley de financiamiento, que va por un recaudo estimado en 7,13 billones de pesos dio este martes sus pasos más importantes en la plenaria del Senado de la República que aprobó los temas más relevantes, mientras que en la Cámara de Representantes la discusión estaba más demorada.
Hasta las 11 de la noche, en un primer bloque, y con una votación de 60 a favor y 17 en contra, la corporación aprobó un grupo de 69 artículos, entre los que figuraron aquellos relacionados con la renta para personas naturales, y el impuesto a los dividendos, las nuevas cédulas para la tributación y el impuesto al patrimonio, que hacen parte de la ley de financiamiento.
En dicha votación no entraron 43 artículos de la ponencia que tenían algún tipo de proposición, pero en una segunda ronda se aprobaron, con una votación de 64 a favor y 15 votos en contra, otro paquete de 14 artículos avalados por el Gobierno, entre ellos el relacionado con el impuesto plurifásico a la cerveza y bebidas azucaradas, por el que se esperan 910.000 millones de pesos de recaudo durante cada año.
Y en un tercer grupo, el Senado les dio el visto bueno a otros 12 artículos nuevos, también con el aval del Gobierno, entre los que se acogieron, entre otras, propuestas como la creación de una comisión que estudiará el régimen de las zonas francas, otro que establece el agente retenedor de impuestos para las plataformas de webcam (incluyendo a las modelos) y uno más que les quitará a las juntas de acción comunal la obligación de presentar declaraciones, así estas fueran llenadas en ceros.
En este segundo paquete también fue aprobada la creación de un nuevo impuesto para luchar contra el flagelo de la trata de personas, en especial de los menores de edad.
Según explicó el senador David Barguil, uno de los ponentes de la iniciativa, será una contribución de un dólar que se cobrará en el impuesto de timbre de salida en vuelos internacionales.
Este impuesto, que recaudará unos 50.000 millones de pesos, tendrá una destinación específica para que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) fortalezca su acción en la lucha contra la pornografía y en la protección a los niños.
Entre tanto, en el Senado el artículo sobre las tarifas de retención en la fuente tenía proposición, pero sin aval de Gobierno.
En medio del debate, el presidente Iván Duque, desde Yopal, dijo que esperaba que la norma saliera adelante, toda vez que “hay que poner a Colombia a crecer por encima del 4 por ciento, quitándoles la carga a los que generan empleo, motivando la inversión y llevando la inversión al campo”.
A su vez, en la Cámara de Representantes, al cierre de esta edición, se había aprobado un primer bloque de 40 artículos, con una votación de 120 a favor y 23 votos en contra.
Esto porque cuando se iban a someter a una votación en bloque las propuestas que no contaban con el aval del Ejecutivo, en el Senado el Polo Democrático y otros partidos exigieron la votación artículo por artículo de dichas iniciativas.
Tras ello, otro de los cambios relevantes en el proyecto fue la aprobación, en el Senado, a la proposición de Barguil que fija una sobretasa transitoria por tres años al sistema financiero.
Así, en el 2019 este sector tendría cuatro puntos de renta por encima del resto de empresas, tasa que irá bajando del 37 por ciento el próximo año a 35 por ciento en el 2020 y 34 por ciento en el 2021.
Entre las proposiciones que tuvieron aval del Gobierno y que fueron votadas afirmativamente en el Senado estuvo la presentada por Angélica Lozano y Barguil, para mantener sin cambios, en 3.500 unidades de valor tributario, el piso a partir del cual los contratos de prestación de servicios deben facturar el IVA.
Es decir, que se mantiene como está, no baja la base.
Tanto en Senado como en la Cámara de Representantes no solo se presentaron dos ponencias positivas que cambiaban de forma sustancial el proyecto y que fueron negadas, sino que se propuso archivar el proyecto.
Uno de los temas relevantes, que al cierre de esta edición no se había discutido y no fue votado en bloque, fue el artículo 63 del proyecto, relacionado con las penas de cárcel para los evasores de impuestos.
Varios parlamentarios alertaron que este punto podría prestarse para diversos abusos en el futuro.
El senador Luis Fernando Velasco invitó a la plenaria a revisar muy bien la norma, ya que puede llevar a que el gobierno de turno persiga a sus opositores políticos a través de la Dian.
Este artículo sanciona con cárcel entre 48 y 108 meses a los contribuyentes que omitan activos o presenten un menor valor de estos hasta por 5.000 salarios mínimo mensuales (hoy 3.906 millones de pesos), así como para los que declaren pasivos inexistentes hasta por este valor.
Al respecto, la senadora Dayra Galvis señaló que la norma no aclara cómo se determinará este menor valor, si frente al avalúo comercial o catastral, dejando ambigüedades que pueden llevar a la privación de la libertad a las personas.
Al respecto, el director de la Dian, José Andrés Romero, le explicó a la plenaria que una solicitud en este sentido solo podrá venir firmada por el director de la entidad o por autoridad competente, y que aplicará principios de razonabilidad y proporcionalidad.
Tras la explicación, el artículo fue aprobado con 50 votos a favor y 25 en contra.
