Lo único que no descansó en el receso de año nuevo fue el asesinato de líderes sociales.
Las cifras son contundentes y aterradoras: en los primeros seis días del 2019 les quitaron la vida a seis líderes sociales en el territorio nacional, en acciones que se perpetraron desde el departamento de Magdalena hasta el Cauca, como reafirmando que la violencia no tiene previsto abandonar un solo centímetro. A Gilberto Valencia las balas no le permitieron terminar de celebrar la llegada del nuevo año junto a su familia, difundió EL ESPECTADOR.
Un hombre que, según las primeras versiones, era conocido de Valencia llegó hasta el lugar en el que departía con amigos y familiares y le disparó con un arma hechiza. Así, Valencia se convirtió en el primer líder social asesinado este año.
El segundo caso llegó con el segundo día del año. Jesús Adier Perafán, líder y veedor ciudadano en el municipio de Caicedonia (Valle del Cauca), fue asesinado cuando se encontraba en una tienda de abarrotes de esa población. Dos días después, el 4 de enero, cuatro hombres de civil que portaban armas largas dispararon contra Wílmer Antonio Miranda, defensor de derechos humanos que residía en la vereda La Independencia, municipio de Cajibío (Cauca). Miranda era integrante de varias asociaciones campesinas y miembro del movimiento Marcha Patriótica en ese departamento.
La lista se engrosó al día siguiente con el asesinato de José Rafael Solano, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Jobo, ubicada entre los municipios de Caucasia y Zaragoza, en Antioquia. Las versiones oficiales cuentan que un grupo de hombres armados arribó a su lugar de vivienda y le dispararon en varias ocasiones frente a su familia. En esa misma fecha, 5 de enero, atentaron contra la vida de Wilson Pérez Ascanio, en la vereda Los Cedros, municipio de Hacarí (Norte de Santander), quien murió un día después. La racha continuó con el asesinato, en la vereda San Isidro, en la Sierra Nevada (Magdalena), de Maritza Quiroz Leyva, quien murió a manos de hombres que llegaron hasta su vivienda, ubicada en una finca que habría sido entregada a ella y nueve mujeres más, víctimas afrodescendientes de desplazamiento.
Son pocas las voces del Gobierno que se han pronunciado sobre el asunto. Con excepción de la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, quien repudió el asesinato de Quiroz, y la Agencia de Renovación del Territorio (ART), que se refirió al mismo caso en su cuenta de Twitter, por el momento hay silencio. Tampoco existe información por parte de la Defensoría del Pueblo o el Ministerio del Interior, esta última entidad que comanda la puesta en marcha del Plan de Acción Oportuna (PAO), una estrategia que lanzó el Gobierno en noviembre pasado con el objetivo de hacer un diagnóstico y seguimiento de las amenazas en contra de defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas en el país.
“¿Quién tiene la capacidad de matar en el Valle, en Cauca, en Meta, en Magdalena, en Chocó, en Putumayo, en Antioquia? Tiene que haber una estructura muy grande detrás de todo esto. Para mí, es exactamente lo mismo que hicieron con la Unión Patriótica. Aquí hay una lista y un plan para matar líderes sociales en todo el país”, comentó la senadora Aída Avella, de la Unión Patriótica, y aseguró que con la situación actual el Gobierno no debería negar que lo que sucede con los líderes sociales en Colombia es sistemático.
En ese mismo sentido anunció que hoy enviarán comunicaciones a la Organización de Estados Americanos (OEA), a la Comisión Internacional de Derechos Humanos y a la Corte Penal Internacional (CPI) para ponerlas al tanto de la delicada situación de los líderes sociales. “Lo que nosotros queremos es que se evite la muerte de la gente, no que se investigue la muerte, porque ahí es donde está la protección. En Colombia, como antaño, no amenazan por amenazar, sino que amenazan para matar”, dijo Avella. La senadora opositora también criticó la efectividad del PAO como estrategia para la protección de la vida de los líderes sociales: “Eso no opera para absolutamente nada. Este país está cansado de papeles. Lo cierto es que aquí siguen matando a la gente y lo que el Gobierno tiene que evitar es que la gente muera por ser dirigente cívico o comunal. No es posible que haya un muerto cada semana”.
Determinar que el asesinato de líderes sociales es una cuestión sistemática siempre ha sido un tema polémico, no solo para el gobierno del presidente Iván Duque. Sin embargo, el argumento de la no sistematicidad también ha sido expuesto durante el actual mandato. “No podemos decir que sea algo sistemático que obedezca a una causa fundamental o a un exterminio en particular, sino que es multicausal en las zonas de mayor violencia y conflictividad”, dijo la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, en septiembre de 2018.
De igual forma, las cifras sobre estos crímenes no están condensadas. El Gobierno tiene información que puede variar de la que posee, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, y esta a su vez de los conteos que han realizado durante años las organizaciones de defensores de derechos humanos y otras organizaciones que le hacen seguimiento al conflicto en el país. Bajo esa precisión, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo informó a mediados de diciembre pasado que en 2018 habían sido asesinados 164 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Otros datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) aseguraban que entre el 1º de enero y el 17 de noviembre de 2018, la cifra de líderes asesinados era de 226.
No hay forma de decir que la situación de seguridad para los líderes sociales en Colombia no es grave y se espera que tanto el Gobierno Nacional como la Defensoría del Pueblo se pronuncien sobre los hechos violentos ocurridos en el inicio del año que silenciaron la vida de estas seis personas y determinen acciones puntuales para ubicar a los responsables de los crímenes.
