Agencias de turismo y cooperativas de taxis son la nueva fachada para el tráfico de migrantes en la frontera, negocio por el que organizaciones ilegales y autoridades corruptas reciben hasta US$500 por persona.
En La Parada, un barrio ubicado entre Villa del Rosario (Norte de Santander) y el Puente Internacional Simón Bolívar, que une Colombia con Venezuela, se encuentran filas de taxis y pequeñas “agencias de turismo” ocultas entre las calles sin pavimentar, y llenas de migrantes que cruzan la frontera con la esperanza de encontrar alguna forma de mejorar sus condiciones de vida fuera de su país; difundió InsightCrime.org
Es allí donde operan los grupos criminales que instalaron falsas oficinas de turismo y “jaladores” (personas encargadas de pescar a potenciales víctimas) para captar la atención de emigrantes venezolanos indocumentados. Les ofrecen a los migrantes desesperados supuestos “planes” o “paquetes turísticos”, que incluyen alojamiento en casas de paso y transporte, en algunos casos desde Venezuela hasta la frontera con Colombia, ó desde allí hasta el interior de este país (Calí, Medellín y Bogotá). En ocasiones también la oferta incluye Ipiales (Nariño), en frontera de Colombia, desde donde los transportan a Ecuador y Perú.
Los planes turísticos son ofrecidos por agencias o redes de tráfico de personas en Venezuela e incluyen el transporte desde ese país hasta la frontera con Colombia, la cual los migrantes deben cruzar caminando por el Puente Internacional o por las trochas ilegales que hay entre ambos países. Una fuente consultada por InSight Crime en terreno indicó que si las personas indocumentadas deciden atravesar el puente deben pagar coimas de hasta 100.000 pesos a funcionarios colombianos o venezolanos asociados con las organizaciones criminales; mientras que si cruzan a través de las trochas y pasos ilegales, o atravesando el río, las organizaciones criminales recaudan el dinero directamente.
En el lado colombiano, miembros de las redes llevan a los migrantes a traves de las vías nacionales hasta el interior u occidente del país, desde donde los conducen a Ecuador, Perú e inclusive Argentina. Para poder circular a través de estas rutas las agencias y las empresas de buses, cobran tarifas con sobrecostos de hasta 40 por ciento, dinero presuntamente destinado para el pago de “coimas” a las autoridades que controlan las vías.
Las cantidades de dinero que puede generar esta economía varían entre 40.000 pesos colombianos y US$500 dólares por persona, si se trata solo de cruzar la frontera o si el objetivo es llegar a otro país. Según el Alcade de Villa del Rosario, Pepe Ruiz Paredes, entre 30 y 40 buses se movilizan a diario con aproximadamente 20 a 30 personas que han comprado “planes turísticos”.
Según un documento suministrado por el Alcalde de Villa del Rosario, durante una reunión en marzo de 2018, las autoridades locales y departamentales de Norte de Santader señalaron que entre las empresas de transporte involucradas se encuentran Trasan, cooperativa de taxis del Catatumbo, Coopetran, Omega y Cotrans; mientras que con respecto a las agencias se identifican entre cinco y seis, entre ellas Rutas de América, Turismo Jet Limitada y Agencia Travesias.
Aunque las autoridades desconocen quienes manejan directamente este negocio, Los Urabeños son quienes tienen mayor control de las actividades criminales de la zona. No obstante, la presencia de múltiples organizaciones criminales ha hecho que se hallan presentado disputas en la frontera por el control de esta y otras actividades ilegales.
Análisis de InSight Crime
La reciente crisis migratoria de Venezuela se ha convertido en el detonante de una serie de ilegalidades y actividades ilegales novedosas o ya utilizadas por otras economías criminales, pero ahora adaptadas al reciente filón de la migración forzada de venezolanos. El tráfico de personas y las distintas formas de esclavitud moderna (trata de personas, explotación sexual y explotación infantil, entre otros) destacan entre los delitos más graves que afectan a los vulnerables venezolanos que huyen de su país.
En este contexto ha surgido el transporte turístico como una fachada utilizada para el tráfico de migrantes y posiblemente tráfico de drogas a distintas regiones de Colombia y a otros países vecinos de la región. A pesar de que de forma recurrente las autoridades colombianas han identificado actividades ilegales, la utilización de buses de turismo sigue siendo una de las estrategias más populares para movilizar estupefacientes y ahora para el tráfico de personas, pues este negocio representa menores riesgos para los ilegales.
Por otra parte, uno de los principales factores que podría explicar la utilización de la frontera entre Colombia y Venezuela como punto de partida de lo que pudieran ser nuevas rutas de tráfico de migrantes es el incremento de controles por parte de las autoridades colombianas, especialmente en la frontera con Ecuador, donde en agosto de 2018 se registró un grave accidente con buses que usaban el transporte de turistas para ocultar el tráfico de estupefacientes hacia ese país.
También hace dos años InSight Crime ya había reportado un caso similar ocurrido en la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, donde un bus de turismo con destino a la ciudad de Río fue detenido con 296 kilogramos de cocaína colombiana.
La utilización de buses de turismo y falsas agencias de viajes son algunos de los elementos en común entre ambas historias, sin embargo, mientras los narcobuses utilizaban rutas poco transitadas para evitar los controles de las autoridades, los buses de tráfico de migrantes que salen de la frontera, e inclusive desde el terminal de transportes de Cúcuta, utilizan las vías nacionales que conectan Norte de Santander con otras regiones del país.
En ambos casos, los altos índices de corrupción de las autoridades fronterizas y su inoperancia frente a estas redes criminales ha contribuido al fortalecimiento de este negocio que tiene como principales víctimas a los migrantes venezolanos. Pero además como hemos visto en otros casos, el tráfico de migrantes puede ser usado para el paso de drogas, el contrabando de otras mercancías y el ocultamiento de otras actividades criminales.
