Más que el hecho de aplazar la presentación del proyecto de reforma pensional para marzo del 2020, tal como lo anunció el pasado martes Alicia Arango, ministra de Trabajo, lo que en verdad les preocupa a algunos economistas del país es que el Gobierno esté decidido a no tocar la edad de jubilación de los colombianos, tal como lo prometió en su campaña el presidente Iván Duque.
Un sondeo realizado por EL TIEMPO entre analistas y expertos conocedores del tema pensional, dejó ver que elevar la edad de jubilación es un tema que no puede quedar por fuera de la propuesta que presente el Ejecutivo el próximo año para su discusión en el Congreso de la República, pues sin este punto “no habría una reforma pensional estructural o profunda”, coincidieron los consultados.
Hoy, en Colombia, las mujeres se pueden pensionar una vez alcancen los 57 años, mientras que los hombres lo hacen al llegar a los 62 años.
“La edad (de jubilación) hay que subirla”, precisó Stefano Farné, director del Observatorio Laboral de la Universidad Externado de Colombia, quien recordó que en la misma Ley 100 de 1993 ya estaba previsto que ese ajuste se tendría que hacer en el 2014, pero no se hizo porque luego otra norma (Ley 797 del 2003) indicó que no habría modificaciones en ese frente.
En el mismo sentido se pronunció Sergio Clavijo Naranjo, presidente del Centro de Estudios Económicos, Anif, quien va un poco más allá al sugerir, incluso, un ajuste en la tasa de reemplazo. “Me temo que no harán reforma estructural al no ajustar la edad y, probablemente –de forma tímida– la tasa de reemplazo”, señaló el economista.
La tasa de reemplazo corresponde a la proporción de la pensión obtenida por la persona sobre la remuneración recibida en su vida activa. Así, una tasa del ciento por ciento indica que el trabajador recibe al jubilarse el mismo salario que devengaba.
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Jorge Humberto Botero, presidente de la Federación de Aseguradores de Colombia (Fasecolda), sostiene que, si bien las promesas, como principio, deben honrarse, de cumplirse esta se desconocerían los enormes cambios que se han venido dando en la expectativa de vida de los colombianos en los últimos años.
“Si no ajustamos las edades hacia arriba, pues se tendría que elevar la tasa de cotización o modificar la tasa de reemplazo, o sea la relación entre la pensión y el salario final… Creo que es bien difícil pensar en una reforma estructural que no tenga en cuenta la mayor longevidad de los colombianos, que es mucho mayor a la pensada, más aún después de los resultados del censo poblacional”, señaló.
Farné, de la Universidad Externado, sostiene que más allá de la necesidad de plantear un incremento en las edades de jubilación en el país, el asunto es cómo hacerlo y para ello desde el Gobierno se podrían plantear algunas alternativas como se ha hecho en otros países; es decir, hacerlo de manera gradual, tanto en un año, otro poco en otro, hasta llegar al nivel que se ajuste a las necesidades del país.
El tema de las edades de jubilación es uno de los más sensibles en las discusiones de una reforma pensional, por el costo político que este acarrea, subrayan algunos expertos.
Ricardo Bonilla, analista del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID), también se cuenta entre quienes consideran que ese ajuste es algo inaplazable. “Hay que tocarlas, pero ¿hacia dónde? El problema real es que los fondos privados (AFP) garantizan devoluciones (del monto ahorrado), no pensiones; mientras Colpensiones garantiza pensiones y cuando no, malas devoluciones”, sostiene.
Aunque no cabe duda de que Colombia necesita urgente una reforma pensional que eleve la cobertura y elimine los actuales problemas de inequidad que hoy tiene el país en este frente, algunos analistas coinciden en que no presentar un proyecto en ese sentido este año no es un asunto de vida o muerte.
Expertos consultados señalan que una iniciativa como esta no se puede hacer a las carreras y siempre será mejor madurarla, analizarla y socializarla antes de que se lleve al Legislativo para su discusión.
“Si van a sacar una reforma a las patadas, como la tributaria, creo que lo mejor es que la aplacen y dejen madurar el tema, que bien lo amerita”, señaló Ricardo Bonilla, del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID).
Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda, también coincide en los beneficios de aplazar la presentación de la iniciativa, pero advierte que a lo que no se le debe dar largas es a la puesta en marcha de un proceso de concertación con los sectores académicos, políticos, empresariales, laborales y los operadores de los sistemas públicos y privados, proceso que debe comenzar lo más pronto posible.
“La reforma hay que hacerla bien y eso requiere tiempo, no tanto por razones técnicas sino por las necesidad de articular los intereses de todos los estamentos de la sociedad involucrados de una manera que satisfaga todas las expectativas”, insistió.
En la orilla opuesta de esta controversia se encuentra Sergio Clavijo, el presidente de Anif, para quien es “fatal que se postergue la reforma pensional, pues si el capital político ya es escaso hoy, lo será aún más en el 2020”.
En el año 2014, el gobierno de entonces tuvo listos dos textos de proyecto de ley de reforma pensional, pero, finalmente, no fueron llevados a consideración del Congreso.
Las razones para que, desde entonces, se venga hablando de la necesidad de hacer la reforma siguen siendo las mismas, pero la posibilidad de ‘coger el toro por los cuernos’ se continúa aplazando.
Incluso, expertos coinciden en que, más que una reforma del sistema general de pensiones (SGP) –que incluye el régimen público y el de los fondos privados–, se debería tratar de una reforma integral del sistema de protección de la vejez, en el que el SGP está acompañado de los beneficios económicos periódicos (BEP) que se les ofrecen a quienes no pueden cotizar regularmente y del Programa de Solidaridad con el Adulto Mayor (Colombia Mayor), en el que se entregan auxilios en efectivo a las personas mayores más pobres.
