Las prácticas de represión contra la población civil ejecutadas por el gobierno de Venezuela podrían constituir crímenes de lesa humanidad, alertó este martes Amnistía Internacional (AI)en un informe en el que pide a la Corte Penal Internacional ampliar sus investigaciones sobre el país suramericano.
Ejecuciones extrajudiciales, muertes por uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y masivas son algunos de las prácticas detectadas por Amnistía Internacional reportadas en su informe «Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela», presentado en Ciudad de México.
Esos procedimientos «configurarían crímenes de lesa humanidad por formar parte de una estrategia de ataque sistemático y generalizado, en contra de personas consideradas disidentes», ejecutada por «agentes estatales o terceros que contaron, como mínimo, con la aquiescencia o consentimiento» de funcionarios, dijo la organización con sede en Londres.
El informe se presenta en medio de una crisis política derivada de la pugna por el poder en la que están inmersos el presidente Nicolás Maduro y líder opositor Juan Guaidó, que el 23 de enero pronunció un discurso en el que se asumió como presidente interino.
Guaidó es reconocido como presidente interino por más de 50 países, encabezados por Estados Unidos.
El informe destaca las manifestaciones que ocurrieron justo del 21 al 25 de enero de 2019. Sólo en esos días, al menos 47 personas murieron en 12 de los 23 estados del país en el contexto de las protestas, «todas por heridas de bala».
Y al menos 39 de estas personas «murieron a manos de las fuerzas de seguridad, o de terceros que actuaron con su consentimiento» durante las manifestaciones, prosiguió la organización de defensa de los derechos humanos.
En medio de las protestas de esos días, añadió AI, «más de 900 personas fueron detenidas arbitrariamente en todos los estados del país e incluyeron niños y adolescentes».
Algunos de ellos «fueron torturados previamente a su muerte», añade al señalar que «el cuerpo policial que llevó a cabo estas ejecuciones fue la Policía Nacional Bolivariana (PNB), fundamentalmente a través de sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)».
En el informe, recomienda a la CPI ampliar el examen preliminar que lleva a cabo desde 2018 incorporando el pico de represión de enero con el fin de «determinar la responsabilidad penal internacional de las autoridades al más alto nivel».
