Aunque la iniciativa está pendiente de su último debate, algunos congresistas pidieron aplazar su discusión dado que el autor es Néstor Humberto Martínez, quien renunció a la jefatura de la Fiscalía General. Prefieren esperar a conocer la opinión de su reemplazo.
Los congresistas quieren escuchar qué opina el reemplazo del fiscal general saliente sobre el proyecto que endurece las penas contra los corruptos y que les quita el beneficio de la casa por cárcel.
A pesar de que se trata de un proyecto que, supuestamente, cuenta con el visto bueno de la mayoría de las bancadas en el Congreso, el Senado de la República decidió aplazar la discusión de esta iniciativa que acabaría con los beneficios de casa por cárcel de los que hoy gozan quienes atentan contra la administración pública. ¿La razón? El proyecto es de autoría del fiscal Néstor Humberto Martínez, quien dimitió a su cargo la semana pasada.
El senador de Cambio Radical, José Luis Pérez, lideró una proposición en la que le pedía a la plenaria postergar la discusión pues, según su argumento, se hace necesario conocer la opinión que tiene el que será el reemplazo de Martínez, dado que el autor del proyecto es el saliente jefe del ente acusador. “Quisiéramos saber qué piensa sobre este proyecto de ley el fiscal que sea designado”, señaló el legislador, logrando que sus colegas modificaran el orden del día que tenía en el primer punto de la agenda la mencionada iniciativa.
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Así las cosas, y a pocas semanas de que se acabe este periodo legislativo, el proyecto del fiscal –que desarrolla puntos de la Consulta Anticorrupción- queda en serio riesgo de hundirse. Especialmente, porque los debates que se han desarrollado en el Senado desde octubre del año pasado han girado en torno a los 50 impedimentos que presentaron los legisladores, declarándose impedidos para votar la iniciativa.
Para los congresistas que lideraron la Consulta Anticorrupción que tuvo lugar en agosto del año pasado, el proyecto de Martínez es de vital importancia pues no solo endurece las penas contra los corruptos, sino que además prohíbe que quienes financien campañas políticas se beneficien de contratos públicos. También, permite al Estado dar por terminado un contrato cuando se detecten actos de corrupción durante la ejecución del mismo.
Fuente: El Espectador
