La instalación de la fase pública de negociaciones entre el ELN y el Gobierno no parecía una fiesta, a pesar del esfuerzo del canciller ecuatoriano por meterle grandilocuencia a un evento sin el brillo imaginado hace unos meses. Tampoco se sintió en discursos y gestos un grado de confianza entre las partes que augure un calmado primer ciclo de 45 días de negociación que debe abordar dos asuntos claves: el acuerdo humanitario (con la presión del Gobierno para lograr una renuncia pública del ELN al secuestro) y la participación de la sociedad civil (clave para la guerrilla y accesoria y no vinculante para el Ejecutivo).
La Capilla del Hombre, impresionante construcción andina en el cerro Guanguiltagua de Quito, se quedó esperando. “Mantengan encendida una luz que siempre voy a volver”, reza una pared de la sala prehispánica de este centro-museo soñado por el pintos ecuatoriano Oswaldo Guayasamín. Los invitados que no pudieron presenciar el pasado 27 de octubre la instalación de la fase pública de negociaciones entre la guerrilla del ELN y el Gobierno nunca volvieron. Este 7 de febrero, 102 días después -y liberación de Odín Sanchez primero-, los invitados -muchos menos y de más bajo perfil que en la primera cita- no sintieron la energía de la Capilla del Hombre y cambiaron este templo laico de fuerte simbolismo político y cultural, por la hacienda Cachampamba, una propiedad de la Universidad Católica situada 25 kilómetros al norte de Quito (Ecuador).
Bajo una carpa, la foto de la tarima volvió a reflejar un fuerte sesgo patriarcal en los equipos negociadores y las palabras de los jefes negociadores de ambas delegaciones mostraron sus principales resquemores. Algunos se volvieron a escuchar en las intervenciones del comandante Pablo Beltrán y de la comandanta Silvana en el encuentro nocturno que tuvo lugar en el Teatro Nacional de Quito.
“En las palabras de Juan Camilo Restrepo se puede constatar que se requieren muchas batallas de la sociedad colombiana”, comentada Silvana a los cientos de representantes de organizaciones sociales que compartieron música y charla con el equipo negociador del ELN y con algunos representantes de la comunidad internacional. A ese evento nocturno, posterior al acto oficial retransmitido por señal institucional, no asistió ni un sólo representante del Gobierno. Hubo buen ambiente, la música y la voz de los cantautores Piero y John Harold Dávila e, incluso, María Elena Buitrago, de la delegación del ELN, se arrancó a cantar a capela. Pero también allá, Pablo Beltrán contestó en diferido a Juan Camilo Restrepo, el ex ministro y jefe negociador del Gobierno, que en su discurso de instalación de la mesa aprovechó el espacio entre líneas para mandar mensajes de fondo. Restrepo, al referirse al punto 1 de la agenda de negociación -la Participación ciudadana- planteó que “esta debe ser ordenada, acotada en el tiempo y suscribirse a los instrumentos definidos en la Constitución de 1991. Una participación útil, provechosa y relevante. Teniendo una metodología clara, confiamos que las propuestas de la sociedad sin tener carácter vinculante nos permitirán enriquecer las negociaciones”. Es decir, que las propuestas de la sociedad civil, que en estas últimas semanas ha sido especialmente activa, serán un aderezo, pero no lo sustancial ni vinculante.
Beltrán, tras recibir en la noche la propuesta de la ruta de participación de manos de los voceros del Comité de Impulso de la Mesa Social y del Congreso de los Pueblos, aseguró: “Son bienvenidos todos los aportes de los más de 100 espacios de paz que se realizaron el fin de semana pasado, lo que pasa es que para nosotros esto sí es vinculante, por eso estamos en guerra porque hay dos posiciones, por eso esta Mesa es para alcanzar puntos medios”.
Este es un asunto central para el ELN que insiste permanentemente en que “la paz no puede ser un asunto entre insurgencia y gobierno”. Bernardo Téllez, miembro de la delegación negociadora del ELN, lo explicaba así en una entrevista radiofónica: “En la construcción de un acuerdo de paz ha de ser protagónica la sociedad y en especial los que nunca han tenido voz, ni participación, los excluidos de siempre. Un pacto de paz para que tenga futuro y perspectivas de cambio, no se puede limitar a la sola negociación entre la insurgencia y el gobierno de turno”.
Discrepancias en cuanto a la participación y, quizá lo más mediático, en cuanto al tema del secuestro. La otra andanada de Restrepo se centró en ese punto al pedir al ELN una renuncia pública a la retención de personas porque sin esto “será difícil muy difícil alcanzar acuerdos, ni ganar confianza para esta mesa”. La posición de la guerrilla, expresada en más de una ocasión, es que este tema debe ser parte del “acuerdo humanitario” que desescale el conflicto armado hasta lograr un cese bilateral de hostilidades. Pero, en el fondo, la guerrilla no acepta el calificativo de “secuestro” para lo que ellos llaman “retenciones”.
Tal y como insistía el ELN en un editorial fechado este pasado 2 de enero, “las retenciones son acciones políticas y económicas ejecutadas por el Ejército de Liberación Nacional a personas, que aunque civiles, forman parte del conflicto, pues no sólo financian o apoyan la guerra en algunas zonas del país, sino que, en muchos casos, su patrimonio se ha consolidado mediante la explotación del personal a cargo, la extracción indebida de recursos naturales o el aprovechamiento del manejo corrupto de los bienes del Estado”. Para el ELN, lo que hacen sus frentes de guerra no es el delito común de secuestro ya que para serlo debería haber “provecho lucrativo con fines expresamente individuales”.
Las líneas rojas
Si para el Gobierno y para Restrepo el “secuestro” es la línea roja (de hecho la liberación del ex congresista Odín Sánchez fue lo que atrasó esta fase de negociación) para el ELN parece que puede ser el paramilitarismo y el “genocidio” que se estás produciendo en los territorios porque, incluso, puede limitar la participación de la sociedad civil en este proceso de paz. Beltrán pidió en martes en Quito, al Gobierno y al “establecimiento”, que reconozcan su responsabilidad en el fenómeno del paramilitarismo y que piensen en cómo renunciar a algunos de sus privilegios económicos y políticos. “Aquí tenemos que cambiar todos”, les espetó el representante guerrillero. “En el ELN queremos que la paz llegue pero eso no va a ser solamente de los elenos, si es, en cambio, de toda las sociedad. Es la presión social la que hace vinculante nuestras propuestas. No queremos la revolución por decreto pero sí unos cambios necesarios, donde el régimen se debe desprender de sus privilegios para lograr más equidad”.
La comandante Silvana, quizá para matizar la celeridad que pidió Restrepo varias veces, aclaró en la noche que “esta etapa de diálogos no va a ser fácil”. Beltrán, visualizando el futuro, también alertó sobre el mal ejemplo en la implementación de los acuerdos con las FARC. Esa guerrilla, ya en fase de concentración previa al desarme, ha hecho público un comunicado este miércoles 8 de febrero en el que denuncia la falta de compromiso del Gobierno en la puesta en marcha de las llamadas Zonas Veredales de Normalización y plantea que “la construcción de la paz tiene en la implementación, y en el cumplimiento de los acuerdos firmados por las partes, su pilar fundamental. Siendo la paz una conquista del pueblo colombiano, el incumplimiento gubernamental afecta a la sociedad en conjunto, por lo cual convocamos a los distintos sectores sociales a que se pronuncien exigiendo el cumplimiento de los acuerdos firmados por parte del Gobierno”.
