En un comunicado de cinco puntos, el comando de las Fuerzas Militares se refirió en la mañana del martes a la denuncia publicada por Noticias Uno que hace referencia a que en el bombardeo del 29 de agosto en San Vicente del Caguán no fueron ocho los menores que murieron, como sostuvo la Fiscalía la semana anterior, sino que serían 18, de acuerdo a reportes de los pobladores.
Los habitantes de la zona también indicaron que en el lugar aún hay restos de cuerpos y una bomba que aún no ha explotado. Las imágenes mostradas por el noticiero así lo demuestran.
Sin embargo, en su respuesta, las Fuerzas Militares no hacen mención a la bomba inactiva en la zona, que los pobladores insisten en que sea retirada del lugar.
A lo que sí hacen referencia, y que ha sido su respuesta desde el día de la moción de censura al entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, es que el despliegue militar contra ‘Gildardo Cucho’ fue «una operación legítima, legal y en el marco del Derecho Internacional Humanitario».
En otra de las denuncias de los pobladores se habla de que algunos menores fueron perseguidos con «drones y perros de caza» tras el bombardeo al campamento del guerrillero desertor y rematados. Las Fuerzas Militares se defienden con el argumento de que «no se presentaron persecuciones, combates ni acciones que originaran la muerte de presuntos integrantes del grupo armado organizado residual».
Advierte el comunicado que «con la debida oportunidad, las Fuerzas Militares pusieron a disposición de las autoridades competentes, el personal, la información, documentos y material relacionado con la operación para el desarrollo de las investigaciones».
Dichas pesquisas están a cargo de la Fiscalía y de la Procuraduría. También la Justicia Penal Militar tiene injerencia en estos hechos. A la fecha, de ninguna de las tres instancias se conocen decisiones
