El reloj corre contra México. El Congreso está entrampado en la discusión de la Ley de Seguridad Interior, una de las normas más importantes del periodo legislativo. El Gobierno del PRI ha elevado la presión para aprobar el texto que significará una hoja de ruta para la actuación de las fuerzas armadas y federales en el combate de la lucha contra el crimen organizado y otras amenazas al Estado. La Administración Peña Nieto desea que sea aprobada antes de abril. El Ejército y la Armada también han apremiado a las cámaras de diputados y senadores.
La norma tiene diez años de retraso pero es hasta ahora que la prisa marca el compás de la discusión política. México cumplió en diciembre pasado la primera década de su guerra contra los cárteles al narcotráfico. El Ejército y la Armada han sido herramientas claves del Estado en la batalla contra la delincuencia. En muchas ocasiones han suplantado a policías corrompidas o incapaces de hacer frente a los cárteles. Esto ha ayudado a la seguridad, pero también multiplicó las violaciones de derechos humanos. La guerra iniciada en el Gobierno de Felipe Calderón ha dejado más de 170.000 muertos y 30.000 desapecidos.
Peña Nieto envió a sus piezas más influyentes a tratar de sacar el debate del atolladero. Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación (Interior), visitó la semana pasada la Cámara de Diputados. Una reunión con la oposición se extendió por cuatro horas, pero el ministro no pudo arrancar un compromiso a los diputados del PAN, el partido que se ha mostrado dispuesto a cooperar en la elaboración de la ley. “Todavía no están las condiciones para la aprobación”, dijo el diputado Jorge Ramos (PAN).
La Ley de Seguridad Interior ha marcado la agenda desde el otoño pasado. El senador Roberto Gil (PAN) presentó una versión en septiembre. Su texto propone que el presidente pueda emitir una “declaratoria de afectación a la seguridad interior”. Esta permitiría actuar temporalmente a una fuerza especial conformada por miembros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. La petición del ejecutivo deberá incluir una “motivación”, una “delimitación geográfica”, “temporalidad” y una “descripción” de quien representa la amenaza para la seguridad interior. La iniciativa de ley indica que esta fuerza especial podrá actuar en un plazo de hasta 180 días con la posibilidad de prorrogarse un período igual.
Pero es otra propuesta emanada del PRI, y que cuenta con el visto bueno del Ejército, la que servirá de punto de partida para la discusión legislativa. Esta fue elaborada en octubre por el diputado César Camacho, expresidente del PRI, y la diputada Martha Sofía Tamayo. El texto ha sido considerado más vago en cuanto a las tareas y plazos a los que estarían sujetos los policías federales y las fuerzas armadas.
Esta vaguedad ha sido considerada por los partidos de izquierda —el PRD, Morena, PT y Movimiento Ciudadano— y grupos de académicos como un cheque en blanco para las fuerzas armadas que, según ellos, llevaría a la militarización del país. Un grupo de catedráticos de Derecho del prestigioso Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) ha mostrado su preocupación por algunos fragmentos de la ley de Camacho y Tamayo. Uno de ellos en el artículo 28, que faculta a las autoridades militares “hacer uso de cualquier método de recolección de información”. Camacho ya ha ofrecido a los opositores pulir la redacción de su texto pare evitar malas interpretaciones.
También han considerado que su falta de concreción podría ser usada en contra de las protestas y manifestaciones sociales. “Si continúan las políticas enfocadas en la militarización solo se prolongará un camino que ya ha sido condenado por las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos”, aseguró Clemente Castañeda (Movimiento Ciudadano), diputado por el estado de Jalisco.
Los diputados del PAN han condicionado la aprobación de la ley de seguridad interior a la discusión del polémico Mando Mixto. La oposición pretende matar dos pájaros de un tiro. Una ley estaría dirigida a acotar la participación de la milicia en tareas de seguridad pública. La otra eliminaría miles de policías municipales para crear 32 cuerpos estatales bien entrenados y capacitados. La ley del Mando Mixto, sin embargo, naufragó en junio pasado, cuando el disenso en el Senado la enterró.
Está previsto que los gobernadores de Tamaulipas, Guerrero y Michoacán, tres entidades gravemente afectadas por la violencia del narcotráfico, visiten la Cámara de Diputados en los próximos días. Los testimonios de los políticos —uno del PAN, otro del PRI y el tercero del PRD— ayudarán a los legisladores para confeccionar una propuesta más adecuada a la realidad que viven algunas entidades donde la gobernabilidad ya está amenazada.
El Gobierno y el PRI han aumentado la presión sobre las negociaciones. Ambos desean que el dictamen de la ley esté listo esta semana. Para ello, deberán incorporar las visiones de la oposición. El PRD, que ha presentado en el Senado una iniciativa que fija un semestre para que el Ejército deje las calles y vuelva a los cuarteles, también se ha sumado a la postura del debate del Mando Único y a la necesidad de reglamentar el artículo 29 de la Constitución. Este explica el procedimiento para que el presidente decrete la suspensión de garantías en momentos de emergencia. Para la izquierda, la ley de seguridad interior no puede ser aprobada en solitario. La norma más reclamada por la Administración tendrá un arduo paso por la aduana.
