Tal como lo expresábamos en nuestra anterior columna (ver: La justicia social debe ser el principal objetivo de una política de desarrollo territorial), la Justicia es un concepto complejo que nos confronta con un ejercicio analítico comparativo, al mismo tiempo que nos impone retos prácticos concretos (Sen, 2019). En el primer caso, nos remite a la discusión respecto a los individuos y grupos sociales que resultan perdedores en el “arreglo institucional” imperante, mientras que en la segunda connotación, refiere a la determinación de políticas y medidas específicas de protección y apoyo para dichos grupos, así como a la identificación de los medios adecuados para superar las brechas existentes.
Precisamente, entre una gran cantidad de medios disponibles para promover la Justicia Social, hemos considerado importante destacar tres propuestas ampliamente discutidas en la actualidad. Así que sin más preámbulos, entremos en materia.
El primer aspecto constitutivo de la Justicia Social que hay que mencionar, son los bienes primarios básicos. Estos bienes son, sin lugar a dudas, la mayor realización de los denominados “Estados Modernos”, principalmente en la mayoría de los países desarrollados, representando así mismo, las aspiraciones más sentidas de los grupos sociales que históricamente han sido excluidos; pero son también, paradójicamente, el principal blanco de las “imposturas” políticas neo-conservadoras. Acceso en igualdad de condiciones al sistema educativo, a los servicios de salud, a la administración de justicia, a un empleo en condiciones dignas, entre otros bienes sociales básicos, son los más representativo, resultando esenciales para constituir un verdadero ejercicio de la libertad.
No obstante, la realidad en países como Colombia, marca que la focalización dada al gasto público, no permite superar las brechas de desigualdad. Las estimaciones que nos presenta Eduardo Sarmiento Palacios (2020) en ese gran libro intitulado Teorías del crecimiento y la distribución para una nueva era, dan cuenta de que el 40% de la población de menores ingresos, se ve beneficiada por un gasto público que apenas asciende al 3% del PIB. Una propuesta política que se pretenda realmente liberal, debe reconocer de entrada una realidad evidente: no puede pretenderse alcanzar una práctica sustantiva de la libertad individual, sin acceso igualitario a los bienes esenciales básicos.
Aquí, es necesario recalcar que si bien el mercado es un mecanismo necesario para promover las dinámicas productivas, no constituye una unidad de medida válida para la libertad, dicho en otras palabras, la posibilidad de comprar y vender bienes y servicios sin mayores restricciones, no puede equiparase a un escenario de Justicia Social. Podremos hablar de una sociedad verdaderamente justa y libre, únicamente cuando se garantice una educación de calidad y gratuita a todos los niveles con cobertura universal, se conciba la salud como un bien público y se renuncie al enfoque de la “gerencia del valor” que evidentemente ha fracasado, se logre que la justicia no sea solo “para los de ruana”, y en general, se legitimen el talento y el mérito como los principales criterios de progreso y reconocimiento social.
Considerando los aspectos anteriormente mencionados, en Colombia y en el mundo se ha abierto la discusión acerca de la posibilidad de garantizar una Renta Básica Universal (RBU), como una de las formas mas efectivas a la hora de superar el poco impacto del gasto público en la reducción de la desigualdad. La RBU se concibe como una transferencia económica periódica (principalmente se concibe como un pago anual) no condicionada, que el Estado realiza a los individuos simplemente por su condición de ciudadanos. No hace mucho una propuesta de este tipo hubiese sido considerada como simple utopía, sin embargo, en la actualidad está empezando a ser concebida como una política pública redistributiva necesaria, más allá de los fantasmas de inflación, desempleo y déficit que son azuzados por la ortodoxia económica y política.
No obstante, como bien advierte Piketty (2019), no debemos caer en la tentación de considerar la RBU como una “solución milagrosa”. Por el contrario, es indispensable entender que las transferencias monetarias sean estas condicionadas o no, deben complementarse con servicios sociales básicos de calidad y oportunamente dispuestos. La renta básica tampoco puede reducirse a la óptica keynesiana de los multiplicadores del gasto y el consumo, pues esto constituiría caer en la lógica economicista; en su lugar, debe considerarse desde la perspectiva de la Justicia Social, es decir, como un esfuerzo por garantizar que los sujetos -especialmente los más vulnerables- puedan desarrollar todas sus capacidades, y de esta forma, ejercer verdaderamente sus libertades.
En todo este debate, los defensores del relato “liberal fatalista” liderados por Hayek (2019), consideran que cualquier tipo de intervención estatal a favor de la Justicia Social solo termina por empeorar la situación, esgrimiendo el argumento de la insostenibilidad fiscal y los posibles afanes autoritarios de los gobiernos, para desestimar cualquier intervención en este sentido. Para ellos, este tipo de medidas no solo resultan inocuas, sino que son demasiado costosas y representan un lastre para el crecimiento económico. La evidencia histórica, afortunadamente, se ha encargado de desmentir la inexorabilidad de estos dogmas.
Es un hecho comprobado que, los países con mayores niveles de desarrollo y mejor calidad de vida, son al mismo tiempo los que mayores impuestos recaudan, con cifras cercanas al 50% del PIB (Piketty, 2019). Las series históricas expuestas por Piketty (2019) en su libro Capital e ideología, permiten establecer que los periodos de mayor crecimiento y menor desigualdad económica, son al mismo tiempo los que registran las tasas impositivas más altas. Detrás de esta evidencia empírica difícil de controvertir, se revela el potencial del Estado como agente social activo, esto, claro esta, cuando sus dinámicas logran trascender de las prácticas clientelistas y corruptas. Para países como Colombia, las apuestas en este sentido son múltiples: existe un margen de 20 puntos porcentuales del PIB, para aumentar el recaudo tributario total y estar a la par con los países más desarrollados, pero es claro que esto requiere, al mismo tiempo, que se adopten medidas contundentes para combatir la corrupción, sin dudas uno de los problemas estructurales más importantes que afronta el Estado.
Bajo los argumentos aquí esgrimidos, no cabe duda que en la actualidad resulta más que necesaria una propuesta política que abogue por ampliar la cobertura y la calidad de los servicios sociales básicos, que promueva la implementación de una Renta Básica para los segmentos poblacionales más vulnerables, y que apoye una reforma tributaria estructural que aumente el recaudo y garantice que quienes más recursos tengan más impuestos paguen. Esta expresión política, por supuesto, debe tener un alcance y una repercusión nacional, pero de igual manera, debe contar con una representación regional que promueva desde este ámbito, las transformaciones territoriales necesarias. Es momento de que en Arauca, empecemos a discutir acerca de la calidad y la oportunidad de los bienes sociales básicos, que los dirigentes políticos con representación en las instancias nacionales expresen su postura frente a la posibilidad de promover una Renta Básica Universal, y sobre todo, que logremos edificar un gran acuerdo colectivo que se oriente a erradicar las prácticas corruptas y clientelistas que tanto daño nos han hecho.
Trabajos citados
Piketty, T. (2019). Capital e ideología. Bogotá: Planeta colombiana S.A.
Sen, A. (2019). La idea de justicia. Buenos Aires: Taurus.
Sarmiento Palacio, E. (2020). Teorías del crecimiento y la distribución para una nueva era. Bogotá: Escuela Colombiana de Ingeniería.
Hayek, F. (2019). Camino de servidumbre. Madrid: Alianza.
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