El año 2020 con el inicio de la pandemia, sumado a la cuarentena y al encierro en el cual se vieron sometidos los colombianos, sirvió para disminuir los homicidios en todo el país incluso en regiones como el departamento de Arauca azotada por el conflicto armado; así lo resaltó en un momento el ministro de Defensa para ese entonces, el fallecido Carlos Holmes Trujillo.
El 2020 fue motivo de orgullo para las autoridades en la región araucana por tan importante reducción de las muertes violentas, que en comparación al año anterior, la disminución fue bastante considerable. Pero hay que recordar como le fue al departamento para el año 2019 en materia de homicidios, una de las más altas en los últimos cinco años, pues cerró con la escalofriante cifra de más de 160 asesinatos.
Llegó el 2021 y el comandante del departamento de Policía de Arauca, el coronel Fredy Pérez, destacó que los homicidios han disminuido en este primer trimestre del año en comparación al anterior, sin embargo, no deja de preocupar que dentro de esa reducida cifra de muertes, hayan quedado en medio de las balas niños, mujeres, reinsertados, miembros de la fuerza pública y comunidad LGTBI. Pero, ¿Qué se sabe de estas muertes? ¿Cómo van las investigaciones? ¿Capturaron a los responsables?, muchos de estos homicidios siguen en la impunidad.
A través del índice Global de Impunidad realizado en el 2019 por la Universidad de las Américas Puebla de México, ubicó a Colombia en el quinto lugar en impunidad en América Latina. La investigación reveló que Sucre es el departamento donde la impunidad es mayor que en todo el país; con 75.93 puntos, de un máximo de 100. Les siguen Norte de Santander, con 66.93; Guaviare, con 65.18; Meta, con 62.86; Cundinamarca, con 62.04; Huila, con 61.15, y Arauca, con 61.10.
La justicia tardía
Arauca con el 61.10% de impunidad lo ubica como uno de los más altos en el país para el año 2019, pero el panorama no ha cambiado mucho para el año 2020 y en lo corrido del 2021. Mientras tanto, los familiares de las víctimas aun esperan por el actuar de las instituciones como Fiscalía y Policía para dar con los asesinos y que estos paguen ante la justicia colombiana.
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