El Tribunal Superior de Arauca lo halló responsable de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El secretario de Hacienda y el coordinador de Rentas para la época de los hechos también fueron condenados, así como el representante de la empresa intermediara para la compra de los títulos valores.
Al resolver en favor de la Fiscalía General de la Nación el recurso de apelación interpuesto, el Tribunal Superior de Arauca revocó parcialmente el fallo inicial y condenó, en segunda instancia, al exalcalde de Arauca (Arauca) William Alfonso Reyes Cadena, a dos funcionarios de su administración y a un particular como responsables del delito de peculado por apropiación, por la compra de Títulos de Tesorería (TES) con un costo de $16.000 millones en el año 2008.
Ante la argumentación del ente acusador, el alto tribunal impuso una pena de 13 años y 9 meses de prisión, además de una multa de $13.750 millones contra el ex mandatario local, de acuerdo con su grado de participación y rol en la defraudación.
Así mismo, condenó al entonces secretario de Hacienda, José Andrides Córdoba García, a 10 años de prisión; al coordinador de Rentas y Pagaduría de la época, Andrés Aníbal Herrera Bernal, a 8 años y 4 meses de cárcel; y al representante legal de la firma intermediaria Héctor Jairo Bonilla López, a 12 años y 9 meses de prisión, con una multa de $10.920 millones.
Adicionalmente, Reyes Cadena y Córdoba García fueron condenados por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
El Tribunal dictó órdenes de captura contra estas cuatro personas para que cumplan la pena en centro carcelario. Entre tanto, Bonilla López permanece privado de la libertad en una cárcel de Popayán (Cauca), por otro proceso de similares características.
Ante la providencia proceden los recursos de impugnación especial y casación.
• Títulos TES
En la investigación adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción se determinó que Reyes Cadena, siendo alcalde de la ciudad de Arauca, en octubre de 2008 firmó una resolución para la compra de Títulos de Tesorería (TES) con la posibilidad de recompra por valor de S16.000 millones, con una vigencia de 180 días y una rentabilidad del 2% mensual. Los recursos procedían de los excedentes de las regalías petroleras que tenía el municipio en una cuenta de ahorros.
La operación bursátil se hizo a través de una empresa intermediaria que era cliente de una comisionista de bolsa. El alcalde ordenó que los recursos fueran entregados a la comisionista y esta direccionara el dinero a la empresa Intermediaria de la cual era representante legal Bonilla López.
Para consolidar la maniobra ilegal se obtuvo un concepto favorable del citado secretario de Hacienda, al igual que los trámites administrativos para el desembolso de los recursos del director de Rentas y Pagaduría en mención.
Entre las irregularidades probadas en la etapa de juicio está el no acatamiento de normas que regulan las inversiones bursátiles, no hubo proceso de contratación pública y entregaron recursos a un particular que no brindaba la garantía de regreso de los dineros.
También se ejecutó la inversión con una empresa que no contaba con vigilancia de entidades oficiales ni estaba inscrita en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores. Por otra parte, los títulos TES nunca estuvieron en custodia física de la comisionista de bolsa y la empresa intermediaria entró en proceso de liquidación al poco tiempo de recibir los recursos de la Alcaldía.
Finalmente se estableció que Bonilla López, como representante legal de la empresa que recibió los recursos, destinó $5.821 millones para la compra de los títulos TES y destinó para actividades personales el dinero restante (pago de obligaciones bancarias en el exterior, compra de dólares, trasferencias a sociedades internacionales, pago de nóminas, servicios públicos, préstamos personales, tiquetes aéreos, además del pago de rendimientos financieros y reintegro de capital de inversión hecho por el Departamento de Cauca a su empresa). El total de lo apropiado irregularmente alcanzó los $9.147 millones.
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