El último informe de la ONU Ambiente hace un llamado a los líderes de países latinoamericanos para invertir recursos económicos en proyectos de adaptación, mitigación y resiliencia.
El 60 % de la población cartagenera vive en condición de pobreza o pobreza extrema. Al mismo tiempo la actividad económica de la ciudad representa el 90 % del PIB regional, que proviene de los puertos, la industria, el comercio y el turismo. Ambos extremos de esa realidad socioeconómica podrían pagar las consecuencias del cambio climático. Se estima que el 26 % de las viviendas de Cartagena podrían estar inundadas para para el 2040.
También es posible que en los próximos 23 años se dupliquen los casos de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue y la leptospirosis, se vea afectada la pesca, aumente hasta 5 milímetros cada año el nivel del mar, haya una pérdida de patrimonio ecológico e histórico considerable y una erosión costera en lugares como la Isla Tierrabomba y el Centro Histórico de Cartagena.
Cartagena no es la única ciudad que enfrenta estos desafíos. El último informe de la ONU Ambiente, llamado Análisis costo-beneficio de medidas de adaptación al cambio climático en áreas urbanas de América Latina, destaca las amenazas que acechan en otras ciudades y les hace un llamado a los gobiernos para que inviertan en medidas de adaptación con el fin de reducir las consecuencias de fenómenos extremos como huracanes, inundaciones, sequías, olas de calor intensas, erosión costera, intrusión salina o elevación del nivel del mar.
Para explicarlo de manera sencilla los autores proponen partir de cuatro preguntas: ¿Qué tan vulnerable es mi comunidad ante efectos meteorológicos extremos? ¿Qué opciones tengo para enfrentar estos fenómenos? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuánto me va a costar?
Aunque Cartagena se vislumbra como una de las ciudades de mayor riesgo, el informe la destaca por sus acciones. Concretamente cita el caso del Plan 4C: Cartagena de Indias Competitiva y Compatible con el Clima, un trabajo colectivo entre la Alcaldía, el Ministerio de Ambiente, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), la Alianza Clima y Desarrollo (CDKN) y la Cámara de Comercio de Cartagena. ¿El resultado? Un proyecto que incluye la adaptación al cambio climático como un factor transversal al ordenamiento territorial de la ciudad.
De acuerdo con el Plan 4C, la elevación del nivel del mar, las lluvias torrenciales y los fuertes veranos podrían afectar directamente a la ciudad, sobre todo a las islas Barú, Múcura, Grande y Fuerte.
“Es importante que los gobiernos locales de América Latina integren en sus instrumentos de planeación y ordenamiento urbano estrategias tanto de mitigación como de adaptación y resiliencia; o bien la elaboración de planes de acción climática con un enfoque transversal”, advierte el informe.
Para reducir esos impactos, los expertos ven necesario implementar la restauración de arrecifes, dado que regulan el clima, protegen contra eventos extremos, asimilan los desechos y cobijan a varias especies. Pero también habría que complementarlo con la construcción de pavimentos permeables y la instalación de techos verdes en toda la ciudad.
El cambio climático tiene y tendrá serias repercusiones en las ciudades de América Latina, eso no es un secreto. La pobreza urbana, la irregularidad en la tenencia de la tierra y la ocupación de zonas no aptas para el desarrollo urbano, de alto valor ambiental o con riesgos de desastres, tienen en vilo la vida de las personas y el futuro de algunas ciudades.
En un reporte sobre los impactos de los desastres en América Latina y el Caribe entre 1990 y 2011, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres estimó pérdidas, sólo en vivienda, de 53 mil millones de dólares. Si se complementa esa cifra con informes alternos, que tuvieron en cuenta otras variables, las amenazas naturales le han costado al continente más de 87 mil millones de dólares en los últimos 15 años.
Uno de los puntos que más se destacan en el documento tiene que ver con la urbanización: aproximadamente el 80 % de la población latinoamericana vive en las ciudades, donde se genera alrededor del 70 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en todo el mundo.
En 2014, la población mundial alcanzó los 7.200 millones de habitantes, de los cuales el 54,16 % era población urbana. Pero se estima que en 2050 la población del planeta será de 9.200 millones de habitantes, de los cuales, 6.300 millones vivirán en las ciudades, con los impactos ambientales que vienen consigo.
“Ante un planeta en proceso de urbanización al que América Latina no es ajena, es prioritario fortalecer y acelerar las estrategias de adaptación al cambio climático en las zonas urbanas”, dice el documento. “El cambio climático es inequívoco y sus efectos ya se están sintiendo en todas partes. Por ello, es imperativo que las ciudades y sus gobernantes, opten por medidas de adaptación eficientes y adecuadas a su propia realidad”.
