La Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de su función preventiva, realizó seguimiento a los recursos destinados para atender a las víctimas en el departamento de Arauca en 2022.
El ente de control señaló que recibió en el departamento, en las vigencias 2018-2022, 4.660 declaraciones de hombres y mujeres en situaciones de violencia y conflicto, de los cuales 3.978 corresponden a hechos ocurridos en este territorio y 682 en otros departamentos. Durante el año 2022 se han evidenciado el mayor número de vulneraciones, triplicando el promedio de los años anteriores; siendo el desplazamiento forzado la vulneración más recurrente; en segundo lugar, las amenazas y en tercer lugar actos terroristas, atentados, combates, enfrentamientos y hostigamientos.
Fuente: Registro Único de Víctimas -RUV- Corte 31/03/2022
A su vez, se estableció que el 52 % de las víctimas corresponden a hombres y el 48 % a mujeres. El 43 % de víctimas se encuentran entre 29 y 60 años, mientras que el 35 % corresponde a menores de 18 años, según información de la Unidad para las Víctimas; alertando también que se desbordó significativamente la capacidad técnica y financiera de los municipios.
La entidad, de igual modo, revisó el uso y ejecución a los recursos invertidos para la atención de las situaciones de violencia y conflicto en el departamento. Se encontró que algunas autoridades locales ya agotaron los recursos propios para atender la problemática que se presenta en la zona y otras autoridades locales están fortaleciendo las ayudas por medio de procesos precontractuales en caso de presentarse nuevos hechos victimizantes; y se advierte que las víctimas pueden quedar sin atención por falta de capacidad de las entidades territoriales.
Finalmente, el Ministerio Público aseguró que mantendrá su labor de vigilancia en los territorios a los recursos destinados para la atención en ayudas humanitarias, así como, a la preparación de una estrategia que beneficie a la comunidad y hará estricto seguimiento a los soportes e informes acerca los movimientos presupuestales de los dineros para la construcción de la paz en las administraciones municipales.
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