Por Eduardo Botero
Arauca departamento transita por una de las peores crisis de su historia: una violencia que cuenta ya casi 250 victimas en lo corrido de 2022; miles de millones de pesos enterrados en obras inconclusas; poco apoyo para explotar las potencialidades agrícolas e industriales del territorio; y una inestabilidad administrativa que impide cualquier impulso de desarrollo a largo plazo. Como si fuese poco, Arauca capital acusa una situación que empeora este diagnóstico: inseguridad desbordada; calles maltrechas; servicios públicos de mala calidad y baja cobertura; infraestructura urbanística inservible y/o desligada de las dinámicas sociales; desempleo rampante que promueve la precariedad del rebusque; entre otros muchos problemas.
Existe un elemento en común que explica la situación del departamento y de su ciudad capital: la ausencia de liderazgos políticos y sociales. Liderazgos, que de acuerdo con el ordenamiento jurídico y administrativo del Estado colombiano, deberían estar representados en los escenarios de control político. En otras palabras, que deberían ser ejercidos, principalmente, por diputados y concejales.
Sin embargo, quienes ostentan las credenciales tanto en la Asamblea Departamental como en el Concejo de Arauca, se han mostrado claramente inferiores al reto histórico que les atañe. Debates de control que denotan desconocimiento del Estado y su funcionamiento, argumentos que apelan a las falacias Ad Hominem y Ad Consequentiam, una clara defensa de intereses que no representan el bien común, falta de visión a largo plazo del territorio, entre otras, son las principales características del control político practicado.
De tal manera, que mientras los araucanos se ven obligados a llevar su día a día entre la inseguridad, la pobreza, la falta de educación y el hambre, las soluciones brillan por su ausencia. Por el contrario, las discusiones se enmarcan en aspectos tan anodinos como el número de folios físicos a presentar por parte de las administraciones, o el lugar de procedencia de X o Y mandatario o empresa contratista. No hay debates de fondo sobre las políticas públicas que deberían beneficiar a las mujeres cabeza de familia, los adultos mayores, los niños, los emprendedores, las minorías étnicas, los jóvenes que reclaman educación, los desempleados, los campesinos productores, y demás grupos de interés. En consecuencia, no hay un análisis riguroso de la relación costo/beneficio de los presupuestos aprobados y ejecutados. Muchísimo menos, existen planes para reformular lo que no funciona o funciona mal, y para potencializar aquellas cosas que funcionan bien.
Tristemente, pasan de largo los días, los meses y los años, esfumándose en actuaciones impostadas que solo reflejan la incapacidad de comprender las problemáticas que aquejan al territorio. Es una rasgo de casi todos -por no decir todos- los diputados y concejales, quienes en su gran mayoría aun siendo jóvenes que están empezando su servicio público, parecen tener incorporadas las formas de la política tradicional que los ciudadanos tanto aborrecen. En una llamativa paradoja, la política araucana parece estar siendo dominada por dinosaurios que visten de gorra y zapatos deportivos.
Me permito no obstante, conservar un optimismo moderado. Creo que todavía es posible torcerle el pescuezo a esta historia de sufrimiento y desesperanza. El tiempo apremia para eso, se requiere igualmente un compromiso total de quienes tienen el honor de representar a las comunidades araucanas. Por eso, el llamado desde este espacio de reflexión que brinda Meridiano 70, para que diputados y concejales no nos sigan dejando huérfanos de los liderazgos que les corresponde ejercer, y asuman en consecuencia posturas propositivas y razonable.
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