El decreto 1710 del 2020 es aquel por el cual se adopta el Mecanismo Articulador para el Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Sexo y Género, de las mujeres, niños, niñas y adolescentes como estrategia de gestión en salud pública y se dictan disposiciones para su cumplimiento.
Recientemente se conoció un informe de seguimiento de la Procuraduría en el que se abordó el estado del avance del tránsito que debieron hacer las alcaldías y gobernaciones del país hacia el mecanismo articulador para el abordaje de las violencias por razones de sexo y género, pero en la capital araucana aún no se cumple con lo ordenado por el decreto, al igual que ciudades como Tunja, Armenia, Manizales y Pereira.
Margarita Cabello Blanco, Procuradora General de la Nación, señaló que, para garantizar una atención integral a las víctimas, es fundamental que exista en todos los niveles de la administración pública una articulación eficiente. “Este mecanismo no debe ser un formalismo, su existencia debe verse reflejada en prevención de las violencias y en atención oportuna a las víctimas.”
La Procuraduría informó que, como resultado de estos ejercicios de vigilancia y seguimiento, trabaja en un directorio nacional del mecanismo articulador que permita a cualquier víctima, organización civil o persona que lo necesite, acceder a los contactos de quienes deben ser los primeros respondientes frente a estos graves hechos de violencia, en todos los municipios del país.
Finalmente, la Procuradora hizo un llamado urgente a las entidades competentes para adoptar medidas frente al incumplimiento al Decreto 1710 e insistió en que es un deber del Estado garantizar que sea suficiente el presupuesto asignado para prevenir y atender las violencias por razones de sexo y género que a diario sufren niñas, adolescentes y mujeres en Colombia.
Los informes fueron socializados en un evento virtual, que contó con la participación de la , representantes de ONU Mujeres, de mujeres lideresas y organizaciones que trabajan por las mujeres, comisarios y comisarias de familia, personerías, funcionarios de gobernaciones y alcaldías, entre otros; y el equipo de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, encargada de la realización de los estudios.
Jalón de orejas a los alcaldes
Para la jefe del Ministerio Público, es inaceptable que las comisarías del país continúen trabajando en condiciones que limitan la prestación de servicio en condiciones de dignidad y que suponen riesgos para los funcionarios de los despachos; problemática que el ente de control ha insistido en la necesidad de atender, por tratarse de entidades fundamentales en la ruta de acceso a la justicia familiar.
“Es inadmisible que, a la fecha, muchas comisarías del país continúen trabajando en condiciones precarias. Se debe dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el decreto 4870 de 2007, que ordena incorporar en el Plan Operativo Anual de Inversiones y en el presupuesto del municipio un rubro que asegure el desarrollo del objeto misional de la comisaría de familia”
La Procuraduría General de la Nación exhortó a los alcaldes para que desarrollen estrategias orientadas a mejorar las condiciones de las comisarías de familia, que incluyan el presupuesto y las acciones necesarias para hacer sostenible el fortalecimiento permanente de las comisarías, preservando la salud mental de los funcionarios y garantizando la prestación del servicio de administración de la justicia familiar.
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