Durante la Cumbre de Convivencia, Seguridad y Justicia, realizada el 8 de febrero y organizada por el Ministerio De Defensa Nacional y del Ministerio del Interior del gobierno nacional, el Alcalde de Arauca, Juan Qüenza, presentó una solicitud contundente frente a representantes de todas las fuerzas armadas, la Policía Nacional, otros alcaldes del país y altos funcionarios gubernamentales.
Qüenza abordó una problemática de larga data en su municipio: la asignación de miembros de la fuerza pública, incluidos policías, soldados y marinos, cuestionados por sus actuaciones tanto en el ejercicio de sus funciones como en su vida personal, a Arauca. Esta práctica, según el Alcalde, ha convertido al territorio en una especie de «zona de castigo» para estos individuos, mientras se adelantan investigaciones o se respeta el debido proceso legal.
El Alcalde enfatizó que, aunque estos miembros de la fuerza pública no tienen condenas formales o diagnósticos psiquiátricos, su presencia en Arauca sirve indebidamente como medida para moldear conductas o relegar sin aplicar una medida correctiva adecuada. Tal práctica no solo afecta la convivencia y la percepción de las instituciones de seguridad, sino que también compromete la efectividad de las labores de seguridad y justicia en el municipio.
Juan Qüenza hizo un llamado para que, junto a los honorables miembros de la fuerza pública asignados al territorio, no se envíen individuos bajo investigación o cuestionamiento, reiterando que la seguridad y la convivencia pacífica solo pueden garantizarse con la ley y mediante instituciones íntegras y respetuosas del orden legal.
La declaración del Alcalde Qüenza en la cumbre nacional destaca su compromiso con la seguridad y la justicia en Arauca, así como su determinación para asegurar que el municipio sea respetado como un espacio de ley y orden, libre de prácticas que menoscaben la integridad de las fuerzas armadas y la confianza de la comunidad en estas instituciones.
