Tras la votación en Arbeláez y Pijao, Canacol Energy le dijo al Gobierno que este tipo de decisiones también podrían “impactar negativamente la inversión extranjera directa, regalías, impuestos, y generación de empleo en el país”.
Tras la votación de este domingo en Pijao y Arbeláez, en donde más de seis mil personas manifestaron su oposición a la explotación minera y de hidrocarburos en sus territorios, petroleras que trabajan en el país mostraron preocupación por la “estabilidad jurídica” de los contratos firmados por el Gobierno Nacional con el sector extractivo.
Un ejemplo de ellas fue Canacol Energy que este martes, a través de un comunicado, dijo que la decisión, específicamente en el municipio de Arbeláez, “impacta directamente el contrato de exploración y producción COR-4, uno de los 17 contratos de exploración petrolera de la compañía adjudicado el 8 de noviembre de 2010. Canacol ha estado planeando actividades futuras de exploración en COR-4 que incluyen adquisición de sísmica 3D y la perforación de pozos de exploración”.
Para la compañía canadiense, la consulta popular en esta región puede afectar la ejecución de actividades requeridas para cumplir con los compromisos de exploración que se tienen con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el Estado, así como “cualquier” futura inversión en exploración y producción.
“La falta de estabilidad contractual en Colombia impacta directamente decisiones futuras de inversión de compañías en el sector extractivo, lo cual podría tener un impacto negativo en la inversión extranjera directa, regalías, impuestos, y generación de empleo para el Gobierno de Colombia y los ciudadanos colombianos”, indicó Canacol Energy.
La empresa también le hizo un llamado “enfático” al Gobierno para que defina las competencias existentes en materia de hidrocarburos, y en especial el alcance de las consultas populares en la industria minero energética en Colombia.
“Invitamos al Gobierno Nacional a liderar un diálogo con los gobernadores y alcaldes de los departamentos y municipios donde se realizan actividades de exploración y producción de hidrocarburos, para definir una agenda y unos compromisos que permitan zanjar diferencias entre las regiones petroleras y el Gobierno central, que se terminan manifestando en el rechazo a la industria petrolera”, concluyó la petrolera
