Mientras los banqueros califican de inocuo el efecto que tendrá el cambio de la certificación de la tasa de usura, que pasa de trimestral a mensual, y advierten sobre los riesgos de forzar la baja del costo del crédito de consumo en medio de una coyuntura de mayor riesgo económico, el Gobierno insiste en que esta decisión beneficiará a las personas, pero también a la banca, pues les permitirá crecer su cartera en segmentos menos riesgosos.
“Presentar esta medida como instrumento de transmisión monetaria, no solo parece erróneo e inapropiado, sino que obvia el hecho de que la lenta transmisión en las tasas de consumo es resultado de los elevados niveles de riesgo, del deterioro de la calidad en estos segmentos (consumo) y del ciclo natural del mecanismo de transmisión”, advierten los banqueros agremiados en la Asobancaria.
Es más, dicen que la medida, anunciada el viernes pasado por el propio presidente Santos, en la clausura de la Asamblea de la Andi en Cartagena, tendría un efecto de 73 puntos básicos en la actual tasa de usura (32,97 por ciento), que según cálculos de la Superintendencia Financiera bajaría a 32,24 por ciento.
Baja que se daría una sola vez, pues argumentan que “quienes abogan por esa medida… pasan por alto que los determinantes de la formación de precios (tasas de interés) se mantendrán inalterados mientras persistan los actuales niveles de riesgo y no termine de darse en su totalidad la transmisión de la política monetaria (del Emisor) a las tasas de los créditos de estos segmentos”.
Pero otro panorama es el que ve el Gobierno. “La medida aislada por sí sola no incentivará el consumo, pero sí facilita que las personas que tengan capacidad de pago se endeuden a una tarifa más barata. Aunque menores intereses también pueden limitar la inclusión financiera”, señaló una fuente oficial.
Frente al riesgo de estimular el endeudamiento en momentos de mayor deterioro de la cartera, sobre todo el de consumo, que según la Asobancaria ha llevado el indicador de calidad a niveles de deterioro solo comparables con los de la crisis financiera del 2008-2009, el Gobierno considera que la generación de créditos y el seguimiento a los deudores están siendo bastante monitoreados por la Superfinanciera, precisamente, para evitar que las entidades se desborden y pierdan su senda de largo plazo.
Aumenta el riesgo
Los propios banqueros advierten que donde más daño se percibe es en el indicador de calidad de las tarjetas de crédito.
Sus cálculos muestran, en lo corrido del 2017, incrementos cercanos a los 130 puntos básicos en todas las modalidades de ingresos de tarjetas, pero es más preocupante el deterioro de los tarjetahabientes de ingresos menores a dos salarios mínimos, en los que el indicador de calidad ya está en 9,6 puntos, “una clara evidencia de que los sectores con menores ingresos representan más riesgos para el sector”.
Pero desde el Gobierno se insiste en que en Colombia las tasas cuando van a la baja aplican para todos los créditos, entonces, “se espera que haya un ‘reprecio’ de las deudas existentes, en especial la de todas las tarjetas de crédito (estén al día o en mora). Sobre todas esas personas debería haber una disminución en los intereses que van a pagar”.
Y agregan que “desde su fijación hasta el 2006, la certificación de la tasa de usura fue mensual. Solo en la última década fue trimestral (y con la decisión del viernes), lo que estamos haciendo es volver a lo que siempre fue”.
Pero independiente de ese cambio, los banqueros insisten en la necesidad de eliminar la tasa de usura, pues consideran que esta “limita la libre competencia, restringe la oferta de crédito y obliga a las entidades financieras a canalizar la mayor parte de los créditos hacia sectores con menores niveles de riesgo, excluyendo del acceso del crédito a la población informal y de bajos recursos”.
Fuente: El Tiempo
