Luisa Ortega, la fiscal general de Venezuela destituída por la Asamblea Constituyente y enemiga del Gobierno de Nicolás Maduro, dice que el presidente de ese país y otras altas autoridades del régimen usaron empresas de España y de México para recibir dinero de la corrupción. En visita a Brasil, donde participa de un encuentro de fiscales de países sudamericanos, Ortega llevó una serie de documentos para probar sus denuncias, que prometió compartir con las justicias de España, EE UU, Brasil y Colombia. Según ella, esas pruebas involucran directamente a Maduro; al número dos del régimen, Diosdado Cabello, y al alcalde del área central de Caracas, Jorge Rodríguez, en el cobro de sobornos.
Maduro, de acuerdo con la fiscal destituida, está relacionado con una de las empresas que vende alimentos al Gobierno venezolano llamada Grand Group Limited. Esa empresa tiene sede en México y sus propietarios, según Ortega, son tres personas vinculadas al presidente: Rodolfo Reyes, Álvaro Pulido Vargas y Alex Saab. El expresidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello habría recibido de la constructora brasileña Odebrecht 100 milllones de dólares como soborno. El dinero, según Ortega, fue pagado a través de una empresa domiciliada en España, TSE Arietis. Los proprietários de esa firma son, siempre según la versión de la fiscal, dos primos de Cabello: Luis Alfredo Campos Cabello y Jerson Jesús Campos Cabello. Este periódico no encontró el nombre de la empresa en el listado de compañías del Registro Mercantil español.
“Voy a entregar las pruebas para que las autoridades de distintos países las investiguen”, expresó Ortega en sus primeras declaraciones tras su rocambolesca salida de Venezuela, acompañada de su marido, huyendo de la persecución de los herederos del chavismo, del que ella misma participó durante muchos años. “En Venezuela no hay justicia. En Venezuela es imposible que se investigue ningún caso de corrupción o narcotráfico. Es la comunidad internacional la que tiene que investigar esos asuntos”, afirmó ante los periodistas que cubrían en Brasilia la reunión de los fiscales.
De acuerdo con Ortega, sus investigaciones a esas altas autoridades venezolanas son uno de los motivos que la llevaron a ser destituida de su cargo y a huir a Colombia. Desde que fue apartada por la Asamblea Constituyente, el pasado día 5, las amenazas sobre la fiscal se recrudecieron. Su casa fue asaltada. Y ella solo consiguió llegar a Bogotá gracias a la ayuda de “decenas de hombres y mujeres” venezolanas y colombianas.
En un discurso ante sus colegas fiscales sudamericanos, Ortega les pídió que no envíen informaciones oficiales sobre investigaciones al ministério público de Venezuela, porque en caso de hacerlo los documentos corren el riesgo de ser destruidos. Advirtió que si no se detiene la crisis en su país, se puede expandir por toda América Latina. Y criticó la Asemblea Nacional Constituyente, electa a comienzos de mes en una votación supuestamente fraudulenta, porque, en su opinión, solo está sirviendo para tapar también varios casos de corrupción.
La fiscal destituida dijo que el legislativo se transformó en un tribunal de inquisición y que el régimen de Maduro ha instalado en el país el “derecho penal del enemigo”. “Van a perseguir los adversarios políticos, no solo por perseguir, sino también para destruirlos. En mi caso concreto, yo fui víctima de esa persecución”. Según ella, su destitución se produjo en un proceso judicial que duró 32 segundos. Su sustituto, Tarek William Saab, es acusado en seis casos de corrupción. Su primer acto en el cargo fue, explicó Ortega, pedir todos los documentos relacionados con esos fraudes para destruirlos.
Ortega fue invitada a Brasil como un acto de apoyo de sus colegas de la región por el fiscal general de ese país, Rodrigo Janot. En su discurso de apertura del encuentro de fiscales, Janot dijo a sus colegas de Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Perú que el ministerio público venezolano ha sufrido una “violación institucional” y que el régimen de Maduro ha impuesto un “poder político dictatorial”. Todos los fiscales coincidieron en que la destitución de Ortega fue ilegal.
Ortega viajó a Brasil invitada exclusivamente por su colega Janot, pero también fue recibida por el ministro de Exteriores, Aloysio Nunes. En ese encuentro, el Gobierno brasileño se sumó a la oferta que ya le había trasladado antes Colombia de concederle el estatuto de asilada política. “Si ella quiere, la acogeremos con los brazos abiertos”, afirmó Nunes, tras oír de Ortega un “relato impresionante de cómo se ha degradado la situación en Venezuela”. Antes de su entrevista con el ministro, la fiscal venezolana había explicado a los periodistas que estudiará la oferta de Colombia y la de cualquier otro país que también estuviese dispuesta a acogerla. La fiscal permanecerá en Brasil hasta el viernes, cuando viajará a EE UU para participar en otra reunión jurídica.
