Pese a que en la Corte Suprema de Justicia hay todavía un proceso de casación contra la condena que se impuso a dos pilotos de la Fuerza Aérea por presuntamente haber bombardeado a un grupo de civiles en Tame, Arauca, en diciembre de 1998, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, pidió perdón en nombre del Estado por los hechos en los que perdieron la vida 17 personas y otras 26 resultaron heridas.
El debate sobre la responsabilidad en la tragedia se ha mantenido abierto los últimos 18 años. En el 2011, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó una condena contra dos pilotos de la FAC por considerar que lanzaron una bomba clúster con alto poder destructivo sobre la población del corregimiento de Santo Domingo, en Tame. Sin embargo, la Fuerza Pública se ha defendido argumentando que la tragedia ocurrió por la detonación accidental de explosivos de las Farc que estaban cargados en un vehículo parqueado en la única calle del pueblo.
La defensa del Estado también ha dicho que la condena contra los pilotos es contradictoria, toda vez que un juez de Arauca emitió una condena contra Noé Suárez Rojas, alias Granobles, por los mismos hechos.
Aunque en el país no hay una decisión de fondo, el acto de perdón del ministro se dio en virtud de una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que consideró que la muerte de los civiles había sido ocasionada por la bomba “racimo” lanzada desde un helicóptero de la FAC.
La CIDH argumentó que “dadas la capacidad letal y precisión limitada del dispositivo utilizado (la bomba), el lanzamiento de este en el casco urbano del caserío de Santo Domingo o cerca de ahí era contrario al principio de precaución reconocido por el Derecho Internacional Humanitario”. El fallo sostuvo además que hubo “actos de ametrallamiento contra la población civil”.
El ministro Gil señaló en el acto que la tragedia enlutó al Estado. Dijo que aunque sus palabras no resarcen lo sucedido, son una muestra del compromiso para evitar que hechos de la misma naturaleza se repitan en el futuro.
“Con este acto, el Estado honra sus compromisos internacionales de acuerdo a la orden de la CIDH y espera contribuir a restituir en algún grado la dignidad de las víctimas”, dijo el ministro. Y agregó: “Quiero que sepan que los hechos de diciembre de 1998 en Santo Domingo no fueron en vano, Colombia ha aprendido de ellos”
