Los firmantes expresaron su «preocupación por el hecho de que un decreto pueda modificar lo previsto en la ley», pues el Frisco tiene como propósito fortalecer el sector justicia, la inversión social, la política de drogas, el desarrollo rural, entre otras cosas. Es decir que se le estaría dando una destinación diferente a lo fijado por la ley.
En una carta de dos folios, fechada el 22 de septiembre pero conocida solo hasta hoy, el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, y la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Martha Lucía Olano, hicieron reparos frente al decreto expedido por el Gobierno Nacional que reglamenta el manejo de los bienes de las Farc.
En la comunicación, se menciona que el Gobierno determinó en uno de los artículos del Decreto 1535, de septiembre de este año, que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) podrá sufragar los gastos relacionados con esos bienes con cargo al presupuesto del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco). Sin embargo, los firmantes expresaron su «preocupación por el hecho de que un decreto ejecutivo pueda modificar lo previsto en la ley».
Lo anterior tiene que ver con que «el Frisco tiene como propósito fortalecer el sector justicia, la inversión social, la política de drogas, el desarrollo rural y la atención y reparación a víctimas de actividades ilícitas». Es decir, para Martínez y Olano, el decreto “desborda la competencia reglamentaria del Ejecutivo, pues se está dando una destinación diferente a la fijada por la ley a los recursos del Frisco que administra la Sociedad de Activos Especiales».
Por lo anterior, en la carta, Martínez y Olano celebraron que “se estén definiendo los asuntos relacionados con la efectiva entrega de los bienes que poseen las Farc, pero su administración no puede hacerse con cargo al Frisco a riesgo de emplear dineros públicos en actividades que legalmente no le están autorizadas».
El pasado 15 de agosto, la misión de la ONU en Colombia entregó al Gobierno 135 folios con el listado de bienes y activos que dicen tener las FARC, un compromiso pactado en el acuerdo de paz que firmaron las partes en noviembre pasado. Ese listado levantó una fuerte polvareda puesto que el fiscal Martínez exigió identificar «cabalmente los activos» de ese grupo y advirtiera que relacionaron escobas, pocillos, botas e incluso tratamientos médicos como posesiones. A su turno, la guerrilla afirmó que el inventario se hizo «con el máximo rigor posible« y desvirtuó las críticas de diversos sectores al advertir una «intención política» de entorpecer la implementación de la paz.
