Lo sucedido la semana pasada con el proyecto que buscaba crear una sala especial para el juzgamiento de los militares en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue una demostración de que quienes quieran modificar el acuerdo con las Farc tendrán que superar un duro escollo en el Congreso: los defensores de la integridad de lo pactado en La Habana.
La semana pasada, cuando la creación de esta nueva instancia en la JEP estaba a punto de naufragar, se logró un acuerdo político entre el expresidente Álvaro Uribe y varios de sus enemigos políticos que logró salvarlo, pero que también les dio el mensaje a los uribistas de que los cambios al acuerdo negociado en La Habana tendrán una férrea oposición de los defensores del mismo. Las modificaciones a lo pactado en Cuba ha sido uno de los objetivos del gobierno del presidente Iván Duque y de varios del Congreso del Centro Democrático, el partido del jefe de Estado.
Desde finales del Congreso pasado, cuando Duque había sido elegido como el nuevo presidente de los colombianos, varios sectores uribistas anunciaron que avanzarían en intentar estas modificaciones pero, según ellos, sin hacer “trizas” lo pactado con las Farc.
Fue así como la senadora Paloma Valencia presentó un proyecto de reforma constitucional que buscaba crear una sala y un procedimiento especiales para el juzgamiento de los uniformados señalados de delitos atroces en medio del conflicto en el modelo de justicia transicional que se acordó.
Su argumento era que los actuales magistrados de la JEP no darían las “garantías” suficientes para el procesamiento de los miembros de la Fuerza Pública y que era necesario separar su juzgamiento del de los exguerrilleros.
Incluso, el propio Uribe manifestó que aunque se hablara de un tratamiento “diferenciado” para los militares, esa “diferenciación nunca se hizo”.
Sin embargo, en varias ocasiones la iniciativa de Paloma Valencia se quedó sin los votos necesarios para ser aprobada en la Comisión Primera del Senado, lo que provocó una reunión entre Uribe –quien tuvo que acudir de urgencia a la célula legislativa– y varios de sus enemigos políticos para que el uribismo pudiera salvar el proyecto de acto legislativo.
Luego de dos encuentros y varias horas de discusión a puerta cerrada entre Uribe y contradictores suyos, como el excandidato presidencial Gustavo Petro, el senador Iván Cepeda y congresistas del partido Farc, la iniciativa se salvó, pero con profundos cambios, entre ellos que ya no se creará la sala especial para los militares que proponía Paloma, sino que habrá 14 magistrados más en la JEP elegidos por instancias como la Judicatura y el Procurador, entre otros.
