El decimoquinto aniversario de China como miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ocurre en medio de un nuevo episodio de tensión entre el gigante asiático y sus principales socios comerciales: la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. La decisión de estas tres potencias de no reconocer oficialmente a la República Popular como una economía de mercado, algo que reduciría significativamente los aranceles de los productos importados de este país, ha enfurecido a Pekín, que amaga con represalias que podrían empeorar la ya de por sí complicada relación comercial entre China y el mundo.
Cuando China entró en la OMC en 2001, lo hizo bajo unas condiciones especiales para que el resto de miembros pudieran defenderse mejor de posibles casos de dumping, es decir, cuando el país exportador vende sus productos en otros mercados a un precio inferior al doméstico. Al protocolo de acceso se le añadió una cláusula que, en la práctica, ha permitido durante los últimos quince años imponer aranceles más altos a los productos chinos de lo que se correspondería.
Esta provisión caducó el pasado día 11 de diciembre coincidiendo con el decimoquinto aniversario de la entrada de China en la OMC. Y, aunque los protocolos de adhesión no dicen que tras este momento China deberá seguir siendo una «no economía de mercado», tampoco obligan al resto de miembros a considerar al país lo contrario. Y ahí está el roce: Pekín presiona para que sus productos sean más accesibles a los mercados mundiales, mientras que Estados Unidos, Europa y Japón se resisten a aceptar el cambio por la amenaza que los competidores chinos plantean a sus fabricantes.
«Lo que era una cuestión simplemente técnica que podría haberse resuelto por los canales diplomáticos se ha politizado enormemente», asegura Stephanie Noël, abogada especializada en comercio internacional. Mientras China considera que se la está tratando injustamente, el resto de potencias alegan que el país no ha cumplido sus compromisos y no se ha transformado en una economía de mercado de pleno derecho.
Las protestas del sector del acero en Occidente contra lo que consideran competencia desleal de los productores chinos y el enorme exceso de capacidad de esta industria en el gigante asiático -que empieza a materializarse con cierres de empresas y despidos- no han hecho sino que endurecer aún más las posturas de cada parte. Hasta el primer semestre del año, 17 países han lanzado 65 investigaciones contra productos chinos, un incremento del 66% interanual, según datos del Ministerio de Comercio.
«El problema no es que China sea o no una economía de mercado, es que (Estados Unidos, la UE y Japón) están utilizando una obligación legal como excusa para imponer barreras proteccionistas y no asumir que muchos de sus sectores están perdiendo competitividad frente a los de China», asegura Xue Rongjiu, vicepresidente del Instituto sobre la OMC del Ministerio de Comercio. Pekín ha dicho que «llegará hasta donde haga falta» para que se le reconozca este estatus una vez quedó claro que ninguno de sus principales socios comerciales dará el paso.
China no tardó ni un día en solicitar ante la OMC un proceso de consultas con la UE y EEUU por sus métodos de cálculo de los aranceles antidumping, pero una resolución vinculante sobre el caso podría tardar hasta tres años, según Noël. En este plazo, la UE y EEUU podrían seguir utilizando el mismo método que hasta ahora o bien cambiar su postura. Pero esto último se antoja casi imposible a corto plazo: Donald Trump dijo en campaña electoral que impondría aranceles de hasta el 45% sobre los productos chinos, mientras que en la UE el gran partidario de conceder este estatus a China era el Reino Unido, que ya ha iniciado su salida del grupo.
Un estudio reciente de Economic Policy Institute sugiere que designar a China como economía de mercado incrementaría entre un 25% y un 50% las exportaciones del país hacia la UE en comparación con los niveles del año 2011. También que se pondrían en riesgo entre 1,7 y 3,5 millones de puestos de trabajo principalmente en Italia, Alemania, España, Francia, Portugal y Polonia. Y el impacto podría ser incluso mayor: «si la UE otorga este estatus sin que Estados Unidos haga lo mismo, existe el riesgo de que todos los productos chinos sean desviados hacia allí y abrumen el mercado», dice Noël.
Entretanto, China amenaza con tensar aún más las relaciones comerciales: «Si insisten en romper las reglas, podemos tomar posturas más agresivas e incluso represalias. Si nos imponen aranceles antidumping, podemos hacer lo mismo con ellos», dice Xue. Y algunos expertos temen que esta particular venganza pueda expandirse hacia las negociaciones en curso del Tratado Bilateral de Inversiones, en el que la UE aspira a que se abran nuevos sectores para sus empresas, o en los tímidos avances alcanzados en China en materia de protección de la propiedad intelectual. «En esta situación será difícil pedirles que hagan concesiones. Ya no tendrán ningún complejo», asegura Noël.
Desde la Cámara de Comercio de la UE en China, que denuncia continuamente un trato injusto por parte de Pekín en comparación con las empresas locales, piden que el bloque comunitario «se esmere en alcanzar una relación económica sólida, justa y equilibrada con China». También confían en que ambas partes «resuelvan pronto esta cuestión» en parte gracias al nuevo mecanismo que prepara la UE, una nueva base legal que eliminaría formalmente a China como una «no economía de mercado» pero que conduciría a los mismos resultados, es decir, un nivel de aranceles a los productos chinos similar al actual.
Esta solución difícilmente contentará a Pekín. «El desarrollo de las relaciones comerciales en el futuro va a estar ensombrecido por esta decisión política. A nadie le beneficia una guerra comercial, pero en China estamos preparados para una larga lucha», concluye Xue.
