Ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, el Gobierno aseguró que actualmente no se puede hablar de la existencia de un conflicto armado interno al referirse al accionar del ELN.
El consejero para los Derechos Humanos y Relaciones Internacionales, Francisco Barbosa, indicó que «la violencia generada por grupos armados ilegales impacta directamente en la garantía de los derechos humanos. En este sentido Colombia rechaza con total contundencia los recientes actos de asesinato, secuestro, extorsión y el genocidio realizados por el grupo terrorista ELN. Su actuar no está enmarcado en ideología alguna ni implica la existencia de un conflicto armado interno».
Agregó que «los actos terroristas cometidos por este grupo implicarán la aplicación de las acciones penales respectivas sin que pueda pensarse en matiz político alguno ni en la aceptación de Colombia de países que protejan terroristas».
Barbosa también se refirió a la implementación de los acuerdos de paz en Colombia y agradeció el apoyo de la comunidad internacional en este propósito. Igualmente, reiteró el compromiso del Gobierno en garantizar la reincorporación de los excombatientes de las Farc.
Por otra parte, condenó el asesinato de líderes sociales en el país y dijo que «estos repudiables hechos están relacionados con la intensificación de la competencia por el dominio y control de distintas economías criminales, la estabilización de los espacios en los que ejercía su influencia las Farc, la expansión sin precedentes de los cultivos ilícitos, la persistente actividad de ciertos grupos criminales. Frente a esta situación el Gobierno ha actuado con contundencia, se ha establecido una política de intervención integral en los territorios a través no solo del fortalecimiento de la Fuerza Pública sino de la provisión de bienes públicos, salud, educación y servicios sociales, entre otros. También una estrategia de recompensas de los criminales que han asesinado a nuestros líderes».
Por último, se refirió a la situación en Venezuela e hizo un llamado a la comunidad internacional, «a los organismos internacionales y al consejo de derechos humanos para que rechacen de manera vehemente las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que se están cometiendo en Venezuela y adopten las acciones necesarias para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos en ese país».
