Por Ricardo Alvarado Bestene, médico cirujano.
La aprobación de una vacuna contra COVID-19 es probablemente uno de los desarrollos científicos más esperados en la historia de la medicina moderna no solo por la angustia y la puesta en evidencia de las desigualdades que han aflorado en la condición de la pandemia, más por la ineficiencia e ineficacia de la respuesta de los sistemas de salud ante el desbordado contagio del virus.
Hay resultados alentadores de estudios de fase 1-2 de vacunas contra el SARS-CoV-2 .
El Dr. Anthony Fauci, director del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, señaló que muy probablemente se contará con una vacuna hacia finales de 2020. Estos comentarios fueron paralelos a la publicación de tres series de datos que muestran respuestas positivas a vacunas en etapa de investigación.
Un estudio de fase 1 de una vacuna de Moderna reveló que los 45 participantes desarrollaron una respuesta inmune sin problemas de tolerabilidad importantes. Esta vacuna de Moderna utiliza ARN mensajero y los participantes en el estudio recibieron dos vacunaciones a intervalos de 28 días. Se están llevando a cabo estudios de fase 2 y desde finales de julio siguenlos estudios de fase 3.
Un estudio de fase 1- 2 sobre una vacuna contra el SARS-CoV-2, llevado a cabo por la University of Oxford, demostró resultados igualmente prometedores. La vacuna está compuesta por una versión debilitada de un adenovirus que produce infecciones en chimpancés, producto que se ha modificado genéticamente para que no pueda desarrollarse en seres humanos. Los hallazgos muestran que la vacuna provocó una respuesta de células T que alcanzó su máximo 14 días después de la vacunación y una respuesta de anticuerpo al cabo de 28 días. La investigación ahora se está desplazando también a estudios de fase 3.
Los resultados de un estudio de fase 2 para otra vacuna compuesta por adenovirus fueron dados a conocer recientemente. Investigadores chinos encontraron que su vacuna producía respuesta inmune en la mayoría de los participantes a los 28 días después de la vacunación. Aunque los hallazgos indicaron que no había problemas importantes de reacciones adversas, más de la mitad de los participantes tenían una alta inmunidad preexistente al vector de adenovirus específico utilizado por la vacuna, que puede alterar la respuesta inmunitaria a la misma. Se está planeando un estudio de fase 3.
Directivos de la Operación Warp Speed, la estrategia agilizada de Estados Unidos para el desarrollo de la vacuna, se han mantenido firmes en su plazo hacia fin de año. Sin embargo, en una sesión informativa en el Congreso, ejecutivos de cinco empresas que están desarrollando vacunas contra COVID-19 informaron que el objetivo para contar con los resultados de datos principales es el próximo año.
Asimismo la Dra. Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, ha comentado: «Desarrollar una vacuna es solo la mitad del desafío: después de todo, ¿de qué sirve una vacuna a menos de que las personas puedan acceder a ella?». Con lo que se destaca la importancia de elaborar una estrategia que garantice su distribución rápida y su acceso equitativo una vez que sean aprobadas, incluyendo mecanismos de precio subsidiado para los países más pobres de la región.
Ahora bien, preocupa la discusión sobre quién va a pagar las vacunas. Aquí se nota una vez más las inequidades de nuestro sistema de salud. ¿Quién va a pagarla? ¿Acaso los colombianos no tenemos un sistema de aseguramiento que cubre la protección específica?. Son las EPS quienes deben garantizar el suministro gratuito y universal, empezando por las personas más pobres, quienes han sido los más afectados y quienes necesitan salir a conseguir el sustento del día a día, y de igual manera en segundo lugar por las personas que han demostrado mayor afectación, que son los mayores de 60 años y los que tienen factores de riesgo.
No podemos aceptar propuestas que ya se han anunciado sobre la participación de la Empresa privada en la financiación de la vacuna. A menos que exista una responsabilidad social y por ende no se vuelva el negocio para ellas. El Estado debe garantizar la consecución de la misma y las EPS suministrar sin condicionamientos.
Ricardo Alvarado Bestene
Médico Cirujano
Especialista en Medicina Familiar
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