La propuesta de reforma al sistema de salud colombiano, actualmente en discusión, plantea cambios significativos en las responsabilidades de ciudades y departamentos. Durante el foro ‘Futuros impactos de la reforma de la salud en los entes territoriales’, expertos debatieron las implicaciones que este proyecto gubernamental podría tener sobre las administraciones locales.
El representante a la Cámara Andrés Forero resaltó la incertidumbre sobre cómo se controlarán los gastos en salud bajo el nuevo modelo, una gestión que, según él, el sistema actual sí logra realizar eficazmente.
Por su parte, Luis Jorge Hernández, director de investigaciones de la facultad de medicina de la Universidad de los Andes, señaló la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) frente al envejecimiento de la población colombiana y sus crecientes necesidades en salud. Destacó que centralizar el manejo de más de 80 billones de pesos en la Adres implica un riesgo financiero considerable, lo que genera preocupación entre los alcaldes por el aumento de responsabilidades sin el control directo sobre los recursos.
Everaldo Lamprea Montealegre, asesor jurídico de Asocapitales, advirtió sobre el impacto negativo que la reforma tendría en las entidades territoriales, enfrentándose a una «tormenta perfecta» donde alcaldes y líderes locales podrían ser sujetos de tutelas cuando el sistema falle. Según Lamprea, la centralización de recursos en la Adres desafía la capacidad de respuesta demostrada por los alcaldes durante la pandemia, sugiriendo que el modelo propuesto podría debilitar la eficacia en la atención primaria y generar complicaciones para las administraciones locales.
Enrique Bayer Tamayo, presidente de la Asociación de Amigos de la Universidad de la Sabana, expresó su preocupación por la «atomización» de la atención médica bajo la nueva reforma, complicando la definición de responsabilidades entre diferentes niveles de gobierno y entidades.
Este panorama anticipa un escenario complejo para los entes territoriales en Colombia, con una reforma de salud que, aunque busca mejorar el sistema, plantea desafíos significativos en gobernanza, financiamiento y la asignación de responsabilidades. Los líderes locales, en especial los alcaldes, se encuentran ante el desafío de adaptarse a estas nuevas exigencias, manteniendo la calidad y la accesibilidad de los servicios de salud para sus comunidades.
