En octubre próximo los campesinos que se acogieron al programa de erradicación voluntaria de cultivos de uso ilícito recibirán el último pago del subsidio de asistencia alimentaria de un millón de pesos, definido por el Gobierno Nacional para garantizar su manutención en el tránsito a otros proyectos productivos.
Sin embargo, desde el Congreso de la República están advirtiendo que, ante los incumplimientos que se han registrado en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PENIS), por la falta de asistencia técnica y recursos para la siembra de otros productos, la opción que les quedaría a los campesinos sería destinar los últimos pagos para comprar semillas de coca.
La advertencia la están haciendo la senadora Maritza Martínez (Partido de La U) el representante a la Cámara David Pulido (Cambio Radical), quienes piden al Gobierno tomar medidas inmediatas, especialmente en departamentos como Meta y Guaviare.
“Hemos venido elevando unas alertas tempranas. Hacía parte del programa el compromiso de pagar $1.800.000 para preparar sus cultivos y $9.000.000 para cultivos de ciclo corto y que de esta manera pudieran devengar ingresos y quedaran con algo establecido; hoy no se está cumpliendo”, puntualizó Martínez.
La congresista, miembro de la Comisión V del Senado, insistió en que “no hay acompañamiento de las autoridades en cuanto a asistencia técnica, recursos para los cultivos de ciclo corto, por lo cual en octubre puede sobrevenir una gran crisis social”.
“Nuestra voz de alerta es para que se adopten medidas inmediatas porque ya llegaron las ofertas de semillas para la resiembra de coca, y no de cualquier semilla, de semillas con un rendimiento mayor. Esto puede tener terreno abonado para la resiembra en el país, incluso con los mismos recursos del programa PENIS.
Además de esta problemática, los campesinos cocaleros han denunciado problemas de seguridad para esas comunidades, tras el asesinato y las amenazas a varios líderes del programa de sustitución voluntaria.
Fuente: blu radio
