En el escenario de la economía colombiana, donde se mezclan la desaceleración económica y una inflación anual del 10.15% hasta noviembre, los sindicatos han presentado una propuesta audaz para el aumento del salario mínimo de 2024: un incremento del 18%. Esta propuesta ha generado una reacción inmediata de los empresarios, quienes calificaron la sugerencia como un «as bajo la manga» y poco propicia para el diálogo de concertación.
Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), expresó su preocupación, alegando que un aumento del 18% elevaría el salario mínimo actual de 1’160.000 pesos a 1.368.800 pesos. Los gremios, por su parte, han pedido un incremento más moderado para no perjudicar a los hogares, especialmente a los más vulnerables, que han perdido poder adquisitivo a lo largo del año.
Los empresarios, aún sin presentar una cifra concreta, han indicado que revelarán su propuesta en los próximos días. Insisten en que cualquier ajuste debe ser moderado y basado en una metodología técnica que considere la situación económica actual.
La negociación del salario mínimo se basa habitualmente en la inflación del año en curso y la evolución de la productividad. Con una inflación proyectada por el Banco de la República para cerrar el año entre 9.2 y 9.4%, y con cifras de productividad laboral mixtas presentadas por el Dane, el debate se intensifica.
La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en la reciente reunión, también instó a considerar medidas adicionales para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores con salario mínimo. Una de estas medidas incluye la desindexación de ciertos productos y servicios, que tradicionalmente aumentan en la misma proporción que el salario mínimo. Se estima que 204 bienes y servicios, incluyendo las cuotas moderadoras de las EPS y productos básicos como la leche y la carne, no se verían afectados por el incremento del salario mínimo.
Esta propuesta de aumento del 18% en el salario mínimo planteada por los sindicatos ha avivado una disputa con los empresarios, colocando al Gobierno en una posición delicada para mediar y tomar decisiones equilibradas en un contexto económico complejo.
