Néstor Humberto Martínez, fiscal general, afirma que los logros de la paz se están perdiendo en las zonas de consolidación a causa del crecimiento de los cultivos de coca.
Insiste en la necesidad de inversiones en esos territorios y en la posibilidad de regresar a la aspersión aérea, y además anticipa que la sustitución voluntaria de cultivos ilegales no cumplirá la meta de 50.000 hectáreas prevista para este año.
¿Las investigaciones de la Fiscalía contra la corrupción no están generando, al final, un nuevo mapa político en las regiones?
En la Fiscalía tomamos decisiones judiciales y no trabajamos con cálculo político. Lo que el Fiscal tiene que garantizar es que las investigaciones avancen y no se engaveten. Los fiscales así lo entendieron y por ello redoblaron esfuerzos y están aplicando la ley sin favorecimientos. Por eso es que la Justicia se representa como una mujer con los ojos vendados desde la época de los romanos.
¿Por qué, después de tantos años de rumores y dudas, apenas vienen a explotar ahora los escándalos de corrupción en las altas cortes?
Desde el día de mi posesión dije que en la lucha contra la corrupción, uno de los sectores que priorizaría sería la justicia. Inclusive dije que nos miraríamos el propio ombligo, para afianzar la integridad ética de la Fiscalía. Sabíamos para dónde íbamos. Hay que decirlo con claridad, se requiere mucha decisión, carácter y determinación para espulgar la corrupción en los más altos niveles judiciales. Y lo hemos hecho de la mano con la actual Corte Suprema de Justicia, que ha actuado con mucho valor frente a la coyuntura. Nadie duda de que la purga judicial era inaplazable.
No hay duda de que la reforma de la justicia es urgente, pero en este momento ningún mecanismo es viable
Pero eso produce que empiecen a cuestionarse todas las actuaciones de la Corte, una institución en la que antes todo el país creía…
Es una verdadera ironía. Los ciudadanos tienen que entender, y lo están entendiendo, que pueden tener más confianza en las instituciones cuando investigan que cuando callan de manera cómplice frente a situaciones tan aberrantes como las que han quedado al descubierto. Lo que hoy funciona en Colombia son las cortes, la Fiscalía y la institucionalidad. Esa es la paradoja: ¿cómo van a confiar más en las cortes y en la Fiscalía del pasado, cuando no se actuaba en esta dirección? El ciudadano tiene que entender que ahora sí se están haciendo las cosas, y eso debe generarle más esperanza institucional.
¿Usted ve viable una reforma de la justicia por la vía del Congreso? O mejor: ¿le suena la idea de una constituyente?
Todo depende de las realidades políticas de cada momento. El problema no es la forma de la reforma, sino el fondo de la misma. Lo cierto es que, en las circunstancias actuales, no le auguro mucho éxito a una reforma, cualquiera que sea la vía que se escoja. Hay que esperar las transiciones democráticas que vienen para que, con el empoderamiento de un nuevo gobierno, se pueda abordar esto, bien por el trámite ordinario o por una convocatoria a los mecanismos de participación popular. No hay duda de que la reforma de la justicia es urgente, pero en este momento ningún mecanismo es viable.
Vamos al tema de la paz. Tras la entrega de armas y la desmovilización de las Farc, ¿cómo ve los resultados del proceso de paz?
Desafortunadamente, en los territorios donde debía haberse consolidado inmediatamente la paz estamos viendo un nuevo ciclo de violencia derivado del narcotráfico.
Nadie esperaba que los primeros beneficios de la paz se reflejaran en los grandes centros urbanos, sino en los territorios de la confrontación armada: Nariño, Cauca, el noreste antioqueño, Chocó, Arauca, Norte de Santander. Y en esos territorios, hay que decirlo con claridad, empezaron a consolidarse otros viejos grupos armados ilegales y a surgir otros, que crecen como la maleza y hoy libran una batalla campal por las rentas ilícitas, especialmente del narcotráfico.
Hace un año justo, mientras estábamos embriagados en la firma del acuerdo, no faltó quien dijera que el Fiscal era un aguafiestas cuando afirmé que “la dinámica de los cultivos ilícitos constituía una amenaza para la paz en el territorio”. Lamentablemente, el tiempo terminó por darme la razón.
No es que haya hoy, a diferencia del pasado, una política de eliminación de líderes sociales en estos territorios: es la comunidad en su conjunto la que está siendo
afectada
En septiembre del año pasado pedí replantear la política antinarcóticos para redimir estas zonas, a partir de inversión social y de la erradicación forzada. El déficit de adecuadas políticas públicas continuó, y el Consejo de Estupefacientes permaneció ajeno a sus responsabilidades, lo que ha abonado el terreno para una nueva expresión del conflicto en los territorios cocaleros.
La acción del Estado no puede reducirse a la presencia del Ejército, la Policía y la Fiscalía. Esos territorios se recuperan con inversión social, bienes públicos, educación y salud, y con nuevas vías para sacar los cultivos que surjan del tránsito a economías formales. Ese apoyo o esa presencia estatal no se está viendo en estas zonas.
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¿Cree que se está perdiendo la guerra contra la coca?
Pues, como vamos, no soy muy optimista. Mire usted: de 180.000 hectáreas de narcocultivos existentes a comienzos de año, se decidió erradicar apenas la mitad. El 50 por ciento de manera forzosa y el otro 50 por ciento mediante acuerdos con las comunidades. Y ¿cuál es la verdad de lo que ocurre? Mediante intervención de la Fuerza Pública se han logrado erradicar 39.000 hectáreas, aunque Naciones Unidas puntualiza que solo ha auditado a la fecha 1.000 hectáreas. Pero en lo que definitivamente vamos perdiendo la asignatura es en materia de erradicación voluntaria: de las 50.000 hectáreas previstas solo llevamos 3.000 a la fecha.
¿Qué implican esas cifras?
Muy fácil: que con la resiembra; el crecimiento de cultivos en algunas regiones; el impacto en la erradicación de lo que aconteció en Tumaco y otros factores, vamos a reprobar el año en materia de narcocultivos. Y no podemos soslayar que estos son una amenaza real en los territorios, porque el ‘clan del Golfo’, los disidentes, los desertores y las guerrillas que no se han desmovilizado están en tensiones muy fuertes para ver quién se queda con el control territorial de los narcocultivos. Es lo que se vive en esas zonas.
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¿Qué ha detectado la Fiscalía?
En todos estos territorios, los campesinos están viviendo en el posconflicto una nueva guerra. Mientras el homicidio cae un 6 por ciento en Colombia, lo que es un muy buen resultado, los colombianos de esos territorios y de los corredores estratégicos en disputa están viendo una cosa totalmente diferente.
En el Urabá antioqueño, por ejemplo, los homicidios están creciendo al 45 por ciento. En el bajo Cauca antioqueño, al 19 por ciento. En el Magdalena Medio crecen un 35 por ciento. En el corredor Valle-Chocó, un 91 por ciento. En el corredor Cauca-Valle-Risaralda, que es el corredor de la marihuana, está creciendo al 48 por ciento; en La Macarena, el 72 por ciento; en Nariño y Cauca, al 42 por ciento.
Todo esto lo que significa es que en la Colombia urbana es donde cae la tasa de homicidios, pero la vieja geografía de las Farc no ha logrado beneficiarse de la desmovilización. Para decirlo más claro: si no avanzamos contra la droga, si seguimos como vamos, el narcotráfico nos expropia la paz e iniciamos un nuevo ciclo de violencia en Colombia.
¿Cree que el Estado ha reaccionado frente a lo que pasa en las regiones?
Tenemos que hacer muchísimo más. El narcotráfico está atizando una nueva guerra; está quitando nuevas vidas; está destruyendo puestos de trabajo y riqueza industrial mediante el lavado de sus utilidades; está asomando de nuevo sus narices en la política y está generando un problema geopolítico en el vecindario. Reitero, necesitamos una política integral, audaz y de largo aliento. Pero también tenemos que alinear la política criminal con la situación actual. No es hora de debilitar las leyes para combatir el narcotráfico.
Es inexplicable que esta próxima semana, invadidos de narcocultivos, se debata en el Congreso si las madres cabeza de familia vinculadas a esta actividad podrán gozar de un nuevo régimen de beneficios. Hay que cerrar filas para mandar un solo mensaje categórico: que el narcotráfico no paga. Es lo que hemos hecho con la JEP. Hemos logrado que quede claro el mensaje de que tiene que haber un divorcio definitivo entre la reinserción y el narcotráfico o; de lo contrario, los beneficios no se mantendrán y los responsables tendrán que responder por sus conductas ante la justicia ordinaria, ante la Fiscalía.
¿Insiste en que hay que volver a la fumigación aérea de coca?
Siempre he hablado de una política integral. De una política socioeconómica y una política de erradicación. Pero, claro, que no le quepa duda a nadie: la fumigación es una alternativa que tiene la sociedad colombiana para vencer ese flagelo.
Si en el 50 por ciento de los operativos de erradicación hay movilizaciones sociales que no permiten tumbar los cultivos y si, por el otro lado, la erradicación voluntaria tampoco avanza, pues no queda más remedio que explorar todas las formas de erradicación forzosa. Es lo que dicta la experiencia y es una vía que dejó recientemente abierta la Corte Constitucional en un fallo del pasado 21 de abril.
¿Las Farc están colaborando como toca en esa lucha contra el narcotráfico?
Es una gran pregunta. El capítulo cuarto del Acuerdo de Paz dice que las Farc van a contribuir a desmontar el narcotráfico en Colombia. Es poco lo que se conoce o lo que hemos visto al respecto. Al menos la Fiscalía no conoce de entrega de información, de identificación de rutas y de socios del exterior: lo que sí se ve es que son los disidentes y los desertores los que están en el territorio disputándose los cultivos ilícitos, atizando el conflicto.
Por lo demás, los colombianos necesitamos tener la certeza de que hay una ruptura total de la relación entre algunos sectores de las Farc y el narcotráfico. La sociedad colombiana no toleraría, ni le daría ninguna legitimidad al acuerdo, que se pueda acceder a la vida política, con los beneficios que la sociedad les está dando, si se preserva algún tipo de nexo con el narcotráfico.
¿Está tranquilo con los ajustes a la justicia especial para la paz?
Frente a la justicia de transición, la Fiscalía se ha limitado a asegurar que las regulaciones de ella les garanticen a los colombianos que no van a convivir los beneficios (a las Farc) con el delito. Por ello: reincidentes, a la justicia ordinaria; disidentes, a la justicia ordinaria; desertores, a la justicia ordinaria; delito continuado, a la justicia ordinaria. Esa posición es la que algunos contradictores de oficio dicen que es propia de un ‘enemigo de la paz’. Es todo lo contrario: su defensa es lo que asegura una paz estable y duradera.
Estoy esperando la versión final del proyecto de reglamentación para pronunciarme en el sentido de si lo que hemos discutido se recoge íntegramente, porque se trata de un paquete y la mesa no puede quedar coja. Como se sabe, el diablo está en los detalles.
Fuente: El Tiempo
