La Corte Constitucional le envió al Presidente Juan Manuel Santos y al Fiscal General Néstor Humberto Martínez una serie de preguntas sobre el polémico decreto 903 que estableció el destino que tendrá los bienes que se le quiten a las Farc.
El cuestionario del alto tribunal se da en medio de la revisión automática que esa corte hace de dicho decreto, expedido por el presidente Juan Manuel Santos con sus facultades excepcionales el pasado 29 de mayo.
El decreto ha sido objeto de controversia, pues el Fiscal Néstor Humberto Martínez ha criticado que, según el artículo 4 de dicho documento, los bienes de las Farc no sólo serían para reparar a las víctimas, sino que también se usarían para la reincorporación de la guerrilla en la vida civil, y para el centro de pensamiento político del partido de las Farc, lo que para el Fiscal podría beneficiar el lavado de activos.
Para aclarar el alcance del decreto la Corte le envió 18 preguntas a Santos, con el fin de recaudar pruebas para tomar una decisión sobre el decreto.
Entre los cuestionamientos, el magistrado Alejandro Linares -quien debe elaborar una ponencia para decidir si se tumba o no el cuestionado decreto-, le pregunta sobre la necesidad de expedir esa norma y si se justifica su urgencia para usar las facultades especiales.
La primera pregunta de Linares tiene que ver con la vigencia de las zonas veredales transitorias donde se encuentran concentrados los guerrilleros de las Farc. La Corte le pregunta cuándo se cumplirá el término de finalización de esas zonas, teniendo en cuenta que las Farc tienen plazo para entregar un inventario de sus bienes hasta cuando se terminen esos puntos de concentración.
La Corte también le pregunta a la Presidencia si se va a ampliar la vigencia de las zonas y, de ser así, si esto implica que también se amplíe también la fecha de entrega del inventario de bienes de las Farc.
El alto tribunal le pregunta a Santos, además, cómo se verificará la titularidad y la procedencia de los bienes que entrarán en el inventario, y si existen mecanismos para garantizar los derechos de las víctimas de despojo de bienes que sean incluidos en este fondo. También se consulta si el decreto es compatible con la ley de restitución de tierras del 2011.
Otra de las dudas del magistrado ponente es cómo será el mecanismo de extinción de dominio para que estos bienes sean aportados al fondo de víctimas, y si la exclusión de la acción penal sobre dichos bienes incluye la posibilidad de cesar la extinción de su dominio.
La Corte también consulta por uno de los puntos más polémicos y criticados por el Fiscal General: En una de sus preguntas el alto tribunal le pide al presidente que explique si las Farc tendrán o no incidencia en el manejo de los bienes que se le han quitado por sus actividades ilícitas. Esto, recordando que el artículo 3 del mencionado decreto establece que el fondo de bienes será gobernado por un Consejo Fiduciario que estará administrado por el Gobierno, con recomendación de la Comisión de Seguimiento, Impuso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz, donde las Farc tienen asiento.
Para la Corte también es clave conocer qué alcance tiene el hecho de que el decreto establezca que el inventario de bienes será “acordado”, y qué pasará si las Farc no declaran la totalidad de sus propiedades.
El auto del magistrado Linares también le pregunta a la Presidencia qué uso se le darán a los bienes, y cuál será el criterio para determinar en qué se van a destinar esos recursos ya que el decreto dice que el fondo será para reparar a las víctimas, pero también para implementar los programas complementarios del acuerdo de paz con las Farc.
Además, se consulta si el fondo de bienes se destinará para financiar el Centro de Pensamiento y Formación Política a pesar de que el acuerdo de paz con las Farc establece que para el funcionamiento de ese centro el Gobierno destinará una parte del presupuesto general de la nación un monto anual.
La Corte también pregunta por otra de las dudas que ha mantenido el Fiscal General. ¿Cómo invertirá los recursos la organización de economía social y solidaria que será creada por las Farc, denominada Economías Sociales del Común (Ecomún)? El alto tribunal también le pregunta si sus afiliados podrán recibir créditos o subsidios, y qué controles fiscales tendrá la administración de esos recursos.
Finalmente el auto de la Corte le pide al Fiscal General Néstor Humberto Martínez que envíe sus comentarios sobre el decreto y pide el concepto del Procurador General.
Tomado de EL TIEMPO.COM -JUSTICIA
