El abogado Jaime Granados, apoderado del expresidente Álvaro Uribe, emitió varios conceptos sobre la posibilidad de que sean declarados como delitos de lesa humanidad la masacre de El Aro o La Granja (en Ituango, Antioquia) o el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, del cual se conmemoraron 20 años esta semana.
Asegura que si se llega a tomar alguna decisión en ese sentido, de la cual hasta ahora no han sido notificados, «no debe generar ninguna polémica ya que surge en el marco de jurisprudencia internacional y de los tribunales nacionales, que ha sido pacífica en cuanto a casos emblemáticos y que deben ser investigados hasta las últimas consecuencias».
Asegura también que Uribe «jamás se ha opuesto a que su conducta sea investigada por la justicia» y que la compulsa de copias ordenada por el exmagistrado Rubén Darío Pinilla Cogolla por presuntos nexos con el paramilitarismo «es inmeritoria y producto de la descontextualización de la realidad».
Granados agrega que, según él, en los procesos en los que apodera a Uribe, «no existe un solo testigo directo que lo haya involucrado en la ejecución de ninguna de esos hechos».
Sobre la masacre de El Aro, cometida en octubre de 1997 en ese corregimiento de Ituango, que dejó 15 campesinos muertos, dice que en la investigación adelantada en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes «ha quedado demostrado que no hubo tales sobrevuelos por parte de la flota aérea del órgano departamental».
Esto, como respuesta a las acusaciones de que helicópteros de la Gobernación sobrevolaron el lugar de los hechos cerca del momento en que estos ocurrieron.
También argumenta que no hubo ninguna responsabilidad por omisión de parte de Uribe como gobernador de Antioquia, pues esta hipótesis -descartada por la Fiscalía, dice- supondría capacidad de mando del Gobernador, pero que «sólo el Presidente de la República, a través del Ministro de Defensa, puede disponer de las guarniciones militares».
Por otro lado, sobre la muerte de Pedro Juan Moreno en 2006 como resultado de que el helicóptero en que iba se fuera a tierra, dice que en tres investigaciones independientes -de la Aeronáutica Civil, del fabricante Bell y del fabricante del motor Roll Royce- se determinó que fue un «accidente ocasionado por falla humana».
«Resulta lamentable que sigan promoviendo, con fines electorales, tan bajas especulaciones sobre el mencionado suceso», dice Granados, sobre las acusaciones alrededor de la muerte del que fuera secretario de Gobierno de Antioquia durante la administración de Uribe.
Finalmente, reitera sobre el «repudiable crimen» cometido contra Jesús María Valle, asesinado el 27 de febrero de 1998 por la banda ‘La Terraza’, que en ese momento Uribe «no tenía la investidura de Gobernador de Antioquia ni se encontraba en Colombia, por el contrario, adelantaba sus estudios de postgrado en la Universidad de Oxford».
Granados califica las acusaciones contra Uribe como «mitos que, por lo general en época electoral, se usan con fines políticos para enlodar el buen nombre» de Uribe Vélez, y que así ha sucedido en los últimos 25 años.
Este miércoles, Uribe emitió otro comunicado en el que pidió a sus abogados Jaime Granado y Jaime Lombana remitir a la Corte Suprema de Justicia los expedientes que reposan en la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones sobre las masacres de El Aro y La Granja. Además, pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría investigar al exmagistrado del Tribunal Superior de Medellín Rubén Darío Pinilla.
Fuente: El Tiempo
