Entre el 2021 y lo que va del 2023, esta institución ha conocido 199 casos de reclutamiento en todo el territorio nacional, 24 de los cuales tienen como presunto responsable al grupo armado ELN. Sin embargo hay un alto subregistro por el temor de las familias a denunciar.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, rechazó de manera categórica el hecho de que el máximo comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, conocido con el alias de ‘Antonio García’, asegurara que esa guerrilla no hace reclutamientos, no vincula menores de edad y que quienes se suman a sus filas, lo hacen por su propia voluntad.
“Negar que el ELN ha reclutado niñas, niños y adolescentes es negar una realidad evidente y preocupante para quienes habitan en los territorios. Se trata de la misma práctica repetida por grupos armados organizados. Vemos con gran preocupación lo manifestado por ‘Antonio García’. Esta guerrilla ha cometido múltiples y sistemáticos hechos de reclutamiento forzado de menores de edad en el país”, aseguró Carlos Camargo Assis.
A través del ‘botón de registro de casos’ activado en el marco de la estrategia defensorial contra el reclutamiento de menores de edad, entre el 2021 y lo que va del 2023 la Defensoría ha conocido 199 casos de reclutamiento en todo el territorio nacional, 24 de los cuales tienen como presunto responsable al ELN. De estos, 6 ocurrieron en 2020, 3 en 2021 y 15 en 2022, siendo Arauca el departamento en el que más casos se han presentado, con 9; le sigue Nariño, con 5; luego Norte de Santander, con 3; Antioquia, 2; Valle del Cauca, 2; Bolívar, 1; Boyacá, 1, y Caldas, 1.
Sin embargo, Carlos Camargo Assis destaca que hay un subregistro muy grande dado que la mayor parte de las familias que son afectadas les cuentan a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo en los territorios que no denuncian por el temor a ser objeto de represalias por parte de los actores armados.
“Más preocupante aún es, que esta afirmación hecha en el marco de un proceso de diálogo para la paz, da muestras de que no existe una voluntad clara y sincera de decir la verdad y buscar la justicia y la reparación para las víctimas, que siendo menores de edad fueron involucrados en actividades relacionadas con las hostilidades, lo que a todas luces va en contravía del Derecho Internacional Humanitario”, enfatizó Carlos Camargo Assis.
La Defensoría del Pueblo, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT) ha advertido en reiteradas ocasiones el riesgo de reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes en todas las regiones del país, particularmente en aquellas zonas donde el ELN delinque y se disputa el control territorial con otros actores armados ilegales.
Desde el 2018 hasta la fecha, la Defensoría del Pueblo ha emitido un total de 131 alertas tempranas que advierten sobre esta situación en el país. En lo corrido del 2023, la Defensoría del Pueblo ha emitido 8 de estas alertas que advierten sobre el riesgo de reclutamiento ejercido por el ELN. En los departamentos del Cauca, 2 alertas; Arauca, 1; Chocó, 1; Guainía, 1; Nariño, 1; Norte de Santander, 1, y Putumayo, también 1 alerta.
“Las afirmaciones hechas por el comandante del ELN desconocen la existencia de las víctimas del flagelo del reclutamiento, lo que tiende a excluirlas de cualquier proceso de investigación, justicia y reparación”, afirmó el Defensor del Pueblo.
En el mismo sentido, a través del Comité para la Dejación de las Armas (CODA), en el que la Defensoría del Pueblo participa, se estudiaron 9 casos durante el 2022, en los que el ELN habría sido el grupo responsable de su reclutamiento, y en lo corrido del 2023 se han analizado 2 casos con este grupo como presunto responsable de esta conducta victimizante.
El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes ocurre a través de la obligación directa de pertenecer al grupo ilegal, con ofertas engañosas, por medio del ofrecimiento de dádivas y hasta con manipulación sentimental. Prácticas que dan cuenta del delito de reclutamiento ilícito, un crimen de guerra y una grave vulneración de los derechos humanos de la infancia, especialmente en regiones blanco de la violencia y en los que los grupos armados ejercen autoridad y control sobre la población civil.
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