Necesidades básicas insatisfechas, poco fortalecimiento institucional en materia de información y oferta estatal, déficit en la capacidad de atención e infraestructura en las regiones, ausencia de programas diferenciadores para la población migrante y dificultades en el acceso a tecnologías, son los factores comunes que se evidencian en el más reciente informe de fronteras realizado por la Defensoría del Pueblo.
El estudio realizado a lo largo de los 6.000 kilómetros de fronteras terrestres, permite a la Defensoría realizar un llamado al Estado para fortalecer y engranar un trabajo conjunto para proteger los derechos de las personas ubicadas en estas zonas.
Entre la población analizada se encuentran víctimas del desplazamiento interno, víctimas de otros hechos victimizantes, colombianos expulsados de otro país, colombianos que retornan voluntariamente, población involucrada en trata o tráfico de personas, extranjeros con necesidad de protección internacional, personas con nacionalidad por determinar y colombianos en movilidad por desastres o degradación ambiental.
Lo que está pasando en las 5 fronteras
En este estudio se encontró que las cinco violaciones a derechos humanos más frecuentes a las víctimas de desplazamiento en la frontera con Ecuador son: persecución, homicidio, abandono o despojo de bienes inmuebles, actos terroristas y reclutamiento ilegal de menores de edad.
También, se identificó que los perfiles migratorios con mayor vulnerabilidad en la frontera colombo-panameña son víctimas del conflicto armado y personas en riesgo o victimas de trata o tráfico, por ser esta frontera punto de salida del país hacia Centro y Norte América.
Por otro lado, la expulsión de colombianos en la frontera con Venezuela dejó claro que se debe proveer una política de respuesta y atención inmediata, que sea resultado de un análisis de las necesidades de las personas deportadas, retornadas o acompañadas, teniendo en cuenta que la frontera es extensa y que la regla general es la ruralidad y no la frontera urbana.
En la frontera con Brasil hay un alto grado de movilidad transfronteriza, por lo que se evidencia un bajo grado de control migratorio. Al igual que una falta de regulación territorial como es el caso de Tarapacá en el departamento del Amazonas.
Por su parte, la frontera con Perú se caracteriza por el bajo acceso a servicios de salud.
La agencia de la ONU para los refugiados ACNUR y la Cruz Roja son las organizaciones no gubernamentales con mayor presencia en zonas de frontera, prestando atención y servicios de información a las personas que los requieran.
Llamados de atención en la zona de frontera
En lo relacionado al acceso de oferta institucional y protección de derechos a las víctimas del conflicto armado que se encuentran las zonas de fronteras (59.8% de la población analizada) están en una posición menos favorecida frente a las que se encuentran en el interior del país.
A este respecto, el Defensor del Pueblo, Carlos Negret, hace un llamado a la Unidad de Víctimas para liderar y coordinar la realización de jornadas de atención interinstitucional, dirigidas a la población víctima ubicada en zona de frontera y áreas no municipalizadas para acelerar el proceso de reparación.
También invita a optimizar el sistema de entrega de ayuda humanitaria en las zonas de difícil acceso, e invita a los ministerios del Interior, de Salud y Protección Social, de Relaciones Exteriores y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a trabajar mancomunadamente por este propósito.
La situación de los indígenas en zonas de fronteras es otro aspecto que preocupa a la Defensoría, por lo que se recomienda el mejoramiento de sus condiciones de vida, la protección a su territorio y el fortalecimiento del gobierno propio que implemente políticas y programas que garanticen el acceso a derechos fundamentales y la superación de la pobreza extrema.
Para esto se invita al Ministerio del Interior a fortalecer las autoridades tradicionales y las organizaciones de representación étnica reconocidas a nivel institucional para que cuenten con el reconocimiento como pueblos y comunidades étnicas binacionales, impulsen y agilicen las reformas al régimen jurídico y de ordenamiento territorial y participen en la definición política y administrativa de áreas no municipalizadas en la región de la Orinoquía y la Amazonía.
En lo referente a la población migrante y personas con necesidad de protección internacional, se necesita fortalecer la respuesta humanitaria y de protección de derechos, como consecuencia de los flujos mixtos e irregulares desde países vecinos o de la migración transnacional.
De igual manera, se invita a la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional para fortalecer el desarrollo de campañas de prevención contra los delitos de trata y tráfico ilícito de migrantes, así como para apoyar y acompañar a entes territoriales en la implementación de rutas de atención de las víctimas de estos delitos en los territorios fronterizos.
Por último, la Defensoría del Pueblo enfatiza en la importancia de que el Ministerio de Relaciones Exteriores despliegue acciones y estrategias necesarias para fortalecer los Comités de Migración, el análisis de los procesos migratorios y la generación de políticas públicas orientadas a garantizar la protección de los migrantes.
