Una misión de verificación de la Defensoría permitió confirmar confinamiento y difíciles condiciones de alimentación, salud, educación y servicios básicos.
La Defensoría del Pueblo, a través de su Regional Arauca, adelantó una misión de verificación de condiciones de derechos humanos en la que constató en terreno las graves consecuencias humanitarias que han dejado los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en el corregimiento Cañas Bravas, población rural ubicada entre los municipios de Arauca, Arauquita y Puerto Rondón, en el departamento de Arauca.
La comisión humanitaria de la Defensoría pudo constatar que, a raíz de los enfrentamientos armados de los últimos días, la población civil se encuentra en un estado de temor y zozobra generalizada.
Se registró que al menos 25 familias campesinas están confinadas en sus viviendas, donde también se encuentran niños y adultos mayores; lo mismo ocurre con 170 familias indígenas del pueblo Hitnú que no pueden salir de sus resguardos. Esta situación ha ocasionado el desabastecimiento de los víveres necesarios para su alimentación, la imposibilidad de asistir a citas médicas y adquirir medicamentos, una situación que afecta especialmente a la población de la tercera edad y pone en grave riesgo su derecho a la salud y a la vida.
En esta misión humanitaria la Defensoría del Pueblo entregó medicamentos de primera necesidad a los pobladores de la tercera edad que no habían podido acceder a sus medicinas vitales a causa del confinamiento.
El equipo de la Regional Arauca de la Defensoría del Pueblo evidenció el nulo acceso a agua potable, la escasa prestación de los servicios de salud y la falta de brigadas médicas al interior de las comunidades, condiciones que podrían ser ocasionadas por el pésimo estado de las vías carreteables y la demora en la adecuación de los accesos al puente construido sobre el río Ele.
La comisión de verificación humanitaria también observó la afectación a los bienes civiles y viviendas de los pobladores que quedaron destruidas por el efecto del uso de armas no convencionales, como los tatucos o cilindros bomba, y la posibilidad de que hayan quedado remanentes explosivos después de los enfrentamientos, con grave riesgo para la población civil.
De igual manera, se verificó en el terreno que las 13 escuelas rurales y el centro educativo El Tránsito en Bocas de Ele, permanecen cerradas y la mayoría no cuentan con la infraestructura básica, lo que vulnera el derecho a la educación a los niños, niñas y adolescentes de la zona.
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades de los municipios aledaños al corregimiento de Cañas Bravas, especialmente a la administración municipal de Arauquita y a la Gobernación de Arauca, para que de manera inmediata se preste asistencia humanitaria a esta población, se asignen los recursos necesarios y se implementen estrategias de atención integral a los afectados por las confrontaciones armadas.
Asi mismo, la Defensoría del Pueblo se instó a los actores armados ilegales a dejar por fuera del conflicto a la población civil de la zona, respetar su vida y sus derechos humanos.
Tras esta visita humanitaria, la Defensoría del Pueblo no descarta que las confrontaciones armadas se puedan trasladar a otras zonas del departamento, por lo que reitera el llamado a tomar las medidas de prevención necesarias para salvaguardar los derechos de las comunidades de la región.
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